Periodistas de Guerrero marchan para exigir garantías a su labor

martes, 22 de mayo de 2018
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un centenar de reporteros marchó en esta capital y realizó un mitin en la sede del Ejecutivo para denunciar que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad y castigo de los crímenes contra periodistas en esta entidad, afectada por la violencia, impunidad y corrupción institucional. La manifestación ocurrió después de que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame anunció públicamente que tuvieron que negociar con la autodefensa de Petaquillas para liberar a dos comunicadores retenidos frente a policías estatales hace dos días por este grupo armado que el propio Astudillo vincula con el narco y asegura que “actúa al margen de la Ley” en Chilpancingo. En respuesta, este día salieron a protestar reporteros y activistas en las principales calles de la capital del estado para visibilizar el ambiente de impunidad y hostigamiento contra trabajadores de los medios de comunicación que se vive en la entidad donde grupos de poder fáctico, políticos y autoridades de los tres niveles impiden el libre ejercicio periodístico y violentan el libre tránsito en detrimento del derecho a la libertad de expresión. Al respecto, el periodista Jesús Saavedra Lezama dio lectura a un comunicado donde denunció que el gobierno de Astudillo incumple las recomendaciones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la Libertad de pensamiento y expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el continente para erradicar la impunidad prevaleciente en los crímenes contra comunicadores. Ello debido a que en la entidad, dijo, no existen garantías para desempeñar la actividad periodística “libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento”, así como tampoco fiscalías especializadas independientes. Saavedra Lezama recordó los casos de los dos periodistas asesinados durante la administración de Astudillo: Francisco Pacheco Beltrán, el 25 de abril del 2016 en Taxco y Cecilio Pineda Birto, el 2 de marzo del 2017 en Ciudad Altamirano. Ambos crímenes siguen impunes y las autoridades ministeriales han incurrido en omisiones que fomentan la impunidad, como en la mayoría de homicidios dolosos en la entidad. También, destacó el caso de la periodista Brenda Escobar, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común por amenazas de muerte que recibió desde junio del 2017, luego de cubrir el caso del asesinato de la doctora, Adela Rivas Orbe y hasta el momento, no existe investigación alguna. Así como el caso de la activista y locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalia quien el 4 de junio del 2017 fue atacada a balazos cuando salía de trabajar en la cabecera víctima de un atentado cuando salía de trabajar en la cabecera municipal de Ometepec en la región de la Costa Chica. La semana pasada la mujer indígena Ñom Daá (Amuzga), denunció que a la fecha, las autoridades ministeriales no han determinado el origen de la agresión que le ha provocado al menos seis operaciones en el rostro. En contraste, el periodista Jesús Saavedra lamentó que el 23 de junio de 2017, el mandatario estatal designó a María Elena Jaimes Martínez, señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia, como coordinadora ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas. Mientras que Rigoberta Román Orea fue designada como fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos. Román Orea no solo carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal, sino también de exámenes de control y confianza al igual que 300 peritos, agentes del ministerio público del fuero común y policías ministeriales que laboran de manera ilegal en la dependencia y que están incurriendo en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación. Por ello, los periodistas lanzaron un llamado desde la capital de Guerrero, a los organismos internacionales para que revisen la precaria situación que viven decenas de compañeros en el ejercicio de su labor e intervengan ante las autoridades para que la entidad deje de ser un territorio donde campea libremente la impunidad.

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