OAXACA, Oax. (apro).- Jorge Franco Vargas vuelve a ser noticia. Un video de un minuto con 37 segundos confirma que el excolaborador de Ulises Ruiz Ortiz, responsable del estallido social de 2006, ahora coordina acciones para votar a favor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Paradójicamente, el hoy promotor del voto obradorista fue denunciado como el responsable del fallido desalojo magisterial del 14 de junio de 2006 contra los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes en marzo pasado acordaron “orientar el voto consciente y razonado a favor del proyecto alternativo de nación” que encabeza el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. El conflicto sociopolítico 2006-2007 dejó 27 muertos, nueve de ellos producto de ejecuciones extrajudiciales. Además, hubo 28 casos de desapariciones forzadas; más de 373 víctimas de tortura y detenciones arbitrarias; y la agresión a 33 periodistas, de los cuales dos fueron asesinados. La situación mantuvo paralizado durante seis meses el centro histórico de Oaxaca. Franco Vargas, junto con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, del PRI, fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Perteneció al PRI hasta 2010, cuando fue acusado de traición por apoyar con su estructura al gobierno aliancista de Gabino Cué. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando apuntaló la candidatura del entonces aspirante del PAN-PRD-Convergencia, José Antonio Estefan Garfias. Aunque al inicio de 2018 fue mencionado como precandidato del Partido Encuentro Social (PES) a la capital del estado, con la difusión del mencionado video en redes sociales se confirmó que coordina trabajos a favor de López Obrador. En una reunión con unas 35 personas presuntamente del PES, Franco Vargas aseguró: “Debemos pronunciarnos en este evento por el proyecto de nación de Andrés Manuel y decir que vamos con nuestra gente a votar el día de las elecciones. Vamos a trabajar con Armando Contreras para que nos envíen un representante del Comité Ejecutivo Nacional a nuestra reunión para presentar el trabajo hasta ese día”. Y agregó: “Vamos a instalar una oficina. Estoy esperando que nos den el domicilio para trabajar específicamente en este esfuerzo que es el listado de promovidos, que nos manden propaganda”. También propuso a su gente armar “los grupos vía WhatsApp o vía mensajes de texto. Es muy sencillo, yo les pediría que compartan todo el directorio de contactos a Alberto o a Elsa …” El pasado 21 de marzo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por exfuncionarios del Estado Mexicano en contra de la población civil de Oaxaca durante el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, los cuales se encuentran en la absoluta impunidad. “Para este organismo de derechos humanos, lo sucedido durante 2006 y 2007 en Oaxaca son crímenes de lesa humanidad que agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, ni a sus familiares, ni a sus comunidades, son fenómenos que atentan contra la humanidad entera pues niegan a la persona su derecho de ser y existir, por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, sí queremos evitar que en cualquier lugar del mundo esto se repita, no debemos permitir que ninguno de estos crímenes quede impune”, agregó. Antes, el 1 de marzo, el V Congreso Político de la Sección 22 acordó “orientar el voto consciente y razonado a favor del proyecto alternativo de nación” y reiteró que dará “el voto de castigo” a los partidos políticos que firmaron el Pacto por México y que avalaron todas las reformas estructurales: PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano. En mayo de 2016, la Comisión de la Verdad de Oaxaca entregó a la CIDH el informe titulado: “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”, en el que documentaron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la antropóloga Marina Patricia Jiménez y el periodista Diego Enrique Osorno remitieron el reporte durante una reunión en la sede de la CIDH en Washington.