CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de chihuahuenses, a través de la Red de Participación Ciudadana, presentó hoy una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la Ciudad de México para que investigue y sancione la actuación del juez federal Gerardo Moreno García por su actuación en el caso del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, también exoperador del líder nacional priista Manlio Fabio Beltrones. La solicitud al CJF es para que se analice la forma en la que el juzgador ha atendido las causas penales 780/2017 y 24/2018, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua. “Conocemos que el Consejo de la Judicatura Federal ha cambiado de adscripción al juzgador denunciado al estado de Chiapas y que ya no conoce del caso señalado, pero es nuestro interés que se investigue y sancionen sus acciones que consideramos arbitrarias”, aclaran los quejosos. La queja formal va acompañada de 584 firmas autógrafas recabadas en la campaña #YoPorChihuahua, así como por más de 5 mil firmas registradas por medio de change.org y comentarios de quienes se han adherido al reclamo. Al documento anexaron notas periodísticas del caso y, en un comunicado de prensa, explican que los 250 millones de pesos desviados tenían que ser destinados al rubro educativo de la entidad. “Aun cuando el dinero se recibió por la Federación en una cuenta bancaria del gobierno del estado, los recursos se fueron a empresas fantasma que simularon contratos. Se ha mencionado insistentemente que el dinero se entregó para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. “Arreciaron los desencuentros cuando el detenido Alejandro Gutiérrez no fue trasladado al Cefereso en Juárez, después de la caravana realizada a la Ciudad de México y de que el gobierno federal incumplió con el trámite de extradición del exgobernador César Duarte. Los defensores del detenido solicitaron que un juez federal atrajera el caso a la Ciudad de México”, refieren los denunciantes. La solicitud, advierten, fue recibida por el juez que lleva el proceso del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, pese a que hay varios jueces más en ese centro de justicia. “Asignado el juez federal Gerardo Moreno García, le dio una celeridad inusitada al trámite y solicitó al juez de Chihuahua la remisión inmediata de un informe sobre el caso. Incluso, lo amenazó con una multa si no lo hacía. “Se colocó indebidamente por arriba de un juez de Chihuahua, que tiene la misma jerarquía que él, ese trato no se lo ha dado a ningún juez federal, según refieren declaraciones. ¿Sería sólo porque el juez del fuero común es el de Chihuahua?”. La red de chihuahuenses que presentó la queja, señala que el pueblo de Chihuahua ha sido víctima y también el gobierno estatal, pero el juez Moreno no lo ha considerado necesario para peticiones de audiencias. También consideran que el juez federal Moreno García fue obsequioso y ordenó que el asunto se desarrolle en la Ciudad de México. “Hemos visto hechos que presumimos, estaban orquestados y dando un trato diferenciado, poniendo en duda el apego a la legalidad y los procedimientos que la ley prevé. La misma semana, cuando los asuntos se procesan en meses, decidieron que era correcto que el asunto se lleve en Ciudad de México por el juez Moreno García. “Estos tribunales le estaban coartando el derecho del gobierno y el pueblo de Chihuahua de pedir que se reintegren esos 250 millones de pesos, pues le desconocieron el carácter de víctima, víctimas somos todas y todos los chihuahuenses”. Por ello, exigen: “El juez Moreno García debe ser investigado y sancionado --aun cuando ya fue cambiado de adscripción--, porque deben ser analizadas e investigadas sus actuaciones en este caso. Ha violentando la soberanía del estado y ha ordenado el traslado (del imputado), encontrándose el proceso local más avanzado y cercano al juicio oral”. Igual informaron que, ante esa situación, se creó un observatorio ciudadano que estará atento a esta causa penal, pues son indignantes los obstáculos para hacer justicia en casos de corrupción en el país.