Derechos Humanos emite recomendación a la Fiscalía de Campeche por una detención arbitraria en 2017

jueves, 31 de mayo de 2018
CAMPECHE, Camp. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de Campeche (Codhecam) emitió una recomendación a la Fiscalía General del estado (FGE) por la detención arbitraria de un empleado de la empresa Quality Privation Security, en 2017. La recomendación fue expedida el pasado viernes 11 en respuesta a la queja 202/Q-041/2017 interpuesta por las víctimas en contra de la FGE, específicamente del agente del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial Investigadora adscritos a la Vicefiscalía General Regional, con sede en Ciudad del Carmen. De acuerdo con la Codhecam, la víctima directa, cuyas iniciales son R.R.C., empleado de la empresa Quality Privation Security, fue trasladado junto con dos de sus compañeros a la Vicefiscalía, para que declararan por un robo que se reportó días antes en una sede local de la trasnacional Shlumberger, a la que daban servicio. R.R.C. avisó previamente a su esposa, K.B.I.J.C., víctima indirecta. Al transcurrir las horas y sin tener noticias de R.R.C., la mujer acudió a la Vicefiscalía para indagar sobre el paradero de su esposo, pero el personal le negó que hubiera estado ahí, por lo que solicitó la intervención de la Codhecam, que en atención a su queja envió a un visitador a averiguar. El funcionario obtuvo la misma respuesta que K.B.I.J.C., quien en días siguientes regresó acompañada de su madre a la agencia del Ministerio Público (MP) para preguntar de nuevo sobre su esposo. En esa ocasión, tras revisar la lista de detenidos, un trabajador le dijo que sí aparecía su nombre, pero al remitirla con otro funcionario éste le negó que R.R.C. estuviera ahí retenido. Le aseguró que se retiró del sitio inmediatamente después de haber rendido su declaración. El 17 de febrero de 2017, K.B.I.J.C. compareció ante la Codhecam para proporcionar la copia del acta circunstanciada número AC-3-2017-1524, mediante la cual interpuso denuncia por la desaparición de su cónyuge, quien horas después reapareció en su centro de trabajo. En su declaración ante la Codhecam, R.R.C. narró que su jefe le dijo a él y a otros dos de sus compañeros que los llevaría a declarar al MP por el robo en Shlumberger; al salir al estacionamiento de la empresa los estaban esperando dos policías ministeriales vestidos de civil, quienes les informaron que “únicamente” los llevarían a rendir sus declaraciones y los hicieron abordar una camioneta Tacoma en la que los trasladaron a la Vicefiscalía. El jefe de los trabajadores los siguió en su vehículo particular. Ya en la Vicefiscalía se les ingresó a la oficina de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde posteriormente se les sumó un cuarto compañero. Los policías los fueron sacando uno por uno para interrogarlos en un privado. “Una vez en dicha oficina los elementos de la Policía Ministerial, me comenzaron a decir, ‘que vas a hablar con la verdad, nosotros hemos tenido zetas, caballeros templarios, y los hemos hecho hablar’”, dijo R.R.C., y aclaró que, aunque lo llevaron a la séptima agencia del MP “en calidad de aportador de datos”, se le mantuvo incomunicado todo el tiempo que permaneció retenido. Señaló que el 16 de febrero otros policías ministeriales se presentaron para decirles que recogieran sus pertenencias porque ya se iban. Los esposaron y los “aventaron”, a unos, a una camioneta Ram blanca de doble cabina, y a otros en una Tacoma del mismo color y también de doble cabina, en las que los trasladaron a una oficina ubicada en el poblado de Sabancuy, donde fueron encerrados en celdas. Permanecieron en ese sitio desde las 23 horas del 16 de febrero de 2017 hasta las 11:00 del día siguiente, “cuando llegaron los elementos que nos habían trasladado diciéndonos: ‘vamos, que ya se acabó su martirio’, abordándonos de nueva cuenta con las manos esposadas hacia al frente, a mí a la camioneta Ranger doble cabina, color blanco, siendo trasladados a Ciudad del Carmen”. Durante el traslado, añadió, “nos iban comentando a mí y a otro compañero que nos portáramos bien, que no ha pasado nada, ‘los vamos a dejar en Chedraui de la 31, porque en la Vicefiscalía están los representantes de Shlumberger y nos van a cuestionar por qué los liberamos”. Finalmente, él y dos de sus compañeros fueron liberados a las 15 horas del 17 de febrero. Luego de acreditar y documentar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este caso, la CDHEC, que preside el exmagistrado Juan Antonio Renedo Dorantes, emitió una recomendación de ocho puntos al fiscal general Juan Manuel Herrera Campos, “a fin de realizar acciones tendentes a reconocer y reintegrarles la dignidad a las víctimas y difundir la verdad de lo sucedido, así como el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidad”. La primera establece que “como forma de revelación pública y completa de la verdad, se publique a través de su portal oficial de internet siendo visible desde su página de inicio mediante un hipervínculo titulado ‘Recomendación emitida a la FGE por la Codehcam, por violaciones a derechos humanos en agravio de R.R.C y K.B.I.J.C’, y que direccione al texto íntegro de la misma”. Dicha publicación deberá permanecer en el sitio señalado durante el período de seguimiento a la recomendación hasta su cumplimiento, “como un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio en favor de las víctimas, en razón de que se acreditaron las violaciones a derechos humanos, calificadas como detención arbitraria, desaparición forzada de personas, incomunicación y ejercicio indebido de la función pública”. Entre otros puntos, la Codhecam pidió al fiscal instruir a la vice fiscal general de Derechos Humanos para que, “una vez determinada la identidad de los servidores públicos que cometieron las violaciones a derechos humanos acreditadas en esta resolución (…) inicie y resuelva el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente”.