PUEBLA, Pue. (apro).- Estudiantes y maestros del Colegio de Historia de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) mantienen tomadas las instalaciones de esa institución para exigir la recontratación de la maestra Anel Hernández Sotelo, quien, aseguran, fue despedida por asesorar un conversatorio en el que participarían padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los estudiantes acusaron al director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, Ángel Xolocotzi, y a la coordinadora académica Claudia Labastida, de tomar medidas arbitrarias en la evaluación de maestros de esa institución con base en intereses particulares y políticos, en lugar de los académicos que deben prevalecer. Los universitarios, apoyados por académicos del Colegio de Historia, tomaron desde ayer las instalaciones ubicadas en la calle Juan de Palafox y Mendonza, entre la 2 y 4 Sur, como una medida de presión para exigir a los directivos que se conduzcan dentro de la normatividad en cuanto a la evaluación de docentes. En un comunicado, las Juntas Defensivas Universitarias (JDU) se solidarizaron con Hernández Sotelo y relacionaron su despido con el apoyo que brindaba a un grupo de estudiantes de la carrera de Historia para realizar un evento para conmemorar 43 meses de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Además, señalaron como “instigadora” del despido a la maestra Elva Rivera Gómez, quien formó parte del grupo de trabajo que en 2017, “doblando la rodilla ante el gobierno reaccionario de Antonio Gali”, negó declarar la alerta de género en Puebla. “Estaremos atentos a las consecuencias de los hechos, y manifestamos que desde ahora brindamos todo el apoyo jurídico y político a la compañera Anel Hernández de parte de nuestras organizaciones, y reconocemos la movilización y acciones que en estos momentos están realizando estudiantes de la carrera de historia de la FFYL-BUAP por esta situación”, agregaron las JDU. Otras organizaciones sociales como Sabuesos Rastreadoras AC, de Culiacán, Sinaloa; Apoyo a Familiares y amigos de estudiantes víctimas de la violencia, de la UNAM; la Agrupación de Lucha Anticapitalista; Frente de Trabajador@S por el Derecho a la Salud; Colectivo Zapatista Neza; Proyecto 21.20 #Angeldelahistoria; Resonancias Radio, y Coordinadora Nacional Estudiantil, entre otras, firmaron un comunicado para solidarizarse con la protesta universitaria. Hernández Soto, subrayaron, es una experta internacional en temas históricos y cuenta con diferentes publicaciones, compilaciones y revistas académicas, además de un libro sobre la historia de la orden católica capuchina. Votan despido En una relatoría de hechos dirigida al rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, Hernández recuerda que desde finales de 2017 un grupo de estudiantes le pidió que fuera tutora del XIXX Encuentro Interno de Estudiantes de Historia, y como actividad previa decidieron realizar, el pasado 26 de abril, un conversatorio con el tema de la desaparición de los normalistas. Señala que a partir de eso la coordinadora del Colegio de Historia, Carmen Labastida, hostigó y trató de convencer a los jóvenes para que no llevaran a cabo el evento, al que tenían como invitados a una representación de padres de los estudiantes desaparecidos. Refiere que, para evitar la realización del conversatorio, Labastida les notificó que el Aula Magna de la Universidad donde pretendían realizarlo estaba ya ocupada para ese día por un examen profesional. “…la maestra Labastida inquietó a los alumnos comentándoles que, de insistir en la realización del evento, tendrían que dar explicaciones a ‘instancias superiores’. Finalmente les aclaró que conocía la manera de pensar de la tutora y sabía que la actividad era una imposición mía hacia los estudiantes”, explica Hernández en el escrito. Luego de esto, agrega, el conversatorio sobre Ayotzinapa quedó cancelado, pese a que ese 26 de abril no se llevó a cabo ningún examen profesional en el Aula Magna. “Es importante subrayar que a juicio de los estudiantes y mío propio, este evento era meramente académico”, añade Hernández, quien señala que el testimonio de los padres de los normalistas no tenía un interés “proselitista” o de “instigación política”. Tras la suspensión del conversatorio, agrega, el 25 de abril el Colegio convocó a una reunión extraordinaria de academia en la que, sin estar en el programa, la profesora Elva Rivera propuso discutir su permanencia en la UAP. En ese momento, por voto secreto que los maestros presentes depositaron en un contenedor, determinaron que el Colegio de Historia no debía recontratar a Hernández. “…A pesar de que la que suscribe asentó que este procedimiento era ilegal, pues yo entré a la Universidad por Concurso de Oposición y cada año se me hace una evaluación académica para definir mi recontratación”, alega en el escrito la afectada, y señala que el procedimiento usado se contrapone a los estatutos de la institución. También denuncia que pidió una copia del acta en la que se determinó su despido, para recurrir a las instancias adecuadas a fin de impugnar la medida, pero no se le permitió ni siquiera leerla, firmarla o tenerla en sus manos. Hernández narra que incluso fue empujada de manera agresiva por Labastida y Rivera para evitar que ingresara a la oficina de la coordinadora cuando insistía en que se le entregara copia del acta. Finalmente, un directivo de la institución le notificó que no le darían el duplicado porque “era un documento privado de la Universidad”. A partir de esa fecha, dice, ha acudido ante las distintas instancias universitarias para denunciar los hechos, sin ser atendida ni siquiera por el director de la Facultad. La UAP emitió este día un comunicado en el que justificó la no recontratación de Hernández. “En la programación que hace la Coordinación del Colegio de Historia para los periodos de verano y otoño 2018 no hay grupos académicos disponibles para asignar a la doctora en Humanidades, Anel Hernández Sotelo, por lo que no es disponible otorgarle materia para dichos periodos”, aseguró la UAP. “Tal situación se apega a la normatividad vigente y no violenta la relación laboral, en función de que la doctora Hernández actualmente está contratada por tiempo determinado, derivado del concurso de oposición, y dicho contrato concluye el 31 de mayo de 2018”, sostuvo. Las represalias Los participantes en el movimiento que mantiene tomada las instalaciones del Colegio de Historia denunciaron que por alrededor de 15 horas los directivos de la institución les cortaron los servicios de luz y agua, además de que impidieron el cierre de las puertas y pasaron la noche con temor a sufrir un desalojo violento. “Llegada la noche, los compañeros vivimos un sentimiento de angustia y terror psicológico, causado por la inseguridad de estar a oscuras, con los tres accesos abiertos e incomunicados. Las tentativas de agresión por parte de grupos de choque estuvieron latentes durante toda la noche”, señalaron en un comunicado. Incluso mencionaron que decidieron colocar barricadas para evitar el acceso a agentes externos, y expusieron que alrededor de las 2:30 de la madrugada, con la intervención de defensores de derechos humanos, se reinstaló la luz y el agua, pero no se cerraron los accesos a las instalaciones.