MÉRIDA, Yuc. (apro).- La justicia federal ordenó a la Fiscalía General del estado (FGE) reanudar la investigación sobre la presunta tortura infligida a dos personas en 2016, durante un operativo encabezado por la policía estatal en la comunidad de Chablekal. Defensores de los derechos humanos del Equipo Indignación lamentaron que, como en otros casos, “es a fuerza de amparos como se logra continuar con la investigación de delitos cometidos por autoridades”. El 3 de mayo de 2016, la policía estatal montó un operativo policiaco para ejecutar una orden de desalojo contra Salvador Ehuan Chi. El pueblo se levantó contra los uniformados para impedir que el anciano, quien falleció en noviembre pasado, fuera despojado de su vivienda. Los uniformados lanzaron bombas de gases lacrimógenos al interior del predio de Ehuan Chi, donde algunos pobladores se atrincheraron para defenderlo. Cinco de ellos fueron detenidos, entre ellos un menor que entonces contaba con 14 años. En medio de la presión social, dos días después la FGE liberó a las cinco personas aprehendidas. El caso desató una oleada de críticas y reproches al gobierno de Rolando Zapata Bello quien, en un intento por limpiar su imagen, ofreció a Ehuan Chi “gestionarle” la construcción de “una casa con baño”. Los detenidos fueron acusados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los actuarios y los “dueños” del predio donde vivía el anciano, de daños en propiedad ajena, lesiones y otros delitos. Aquellos, por su parte, denunciaron a la policía por la violenta aprehensión y por tortura. El 22 de marzo de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) dictaminó que la policía estatal incurrió en “un excesivo uso de la fuerza pública” durante el operativo para desalojar de su predio al nonagenario. Y el Equipo Indignación, que desde el inicio asumió la defensa legal de los detenidos, recalcó que efectivamente dos de éstos fueron torturados. “Sin embargo, la Fiscalía del estado, como en otros casos, determinó el no ejercicio de la acción penal desde el año pasado. y los denunciantes, vecinos de Chablekal, solicitaron la protección de la justicia federal”, detalló. Aunque inicialmente el amparo se sobreseyó, los denunciantes solicitaron la revisión, y el Primer Tribunal Colegiado con sede en Puebla los amparó e instruyó al Ministerio Público (MP) continuar con la investigación. Los activistas explicaron que el MP quiso justificar su inacción al declarar que no contaba con personal capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul, pero el Tribunal le ordenó continuar con la investigación, aplicar dicho protocolo o bien la técnica de investigación idónea, a fin de esclarecer el origen y naturaleza del caso. También los funcionarios que intervinieron en el acto de tortura alegado, tanto autores materiales como intelectuales, deberán ser investigados. Los defensores de derechos humanos destacaron que el pasado 9 de abril el Tribunal Colegiado otorgó una prórroga de 30 días hábiles a la FGE para cumplir con la sentencia, y deploraron la declaración de incompetencia de la Fiscalía, que admite que no investigó porque no cuenta con personal capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul. “Constatar que ni la Fiscalía ni la Codhey cuentan con expertos para investigar tortura resulta de lo más preocupante en un estado en el que precisamente en el tiempo reciente se han hecho públicos diversos casos de tortura cometidos tanto por policías estatales como municipales o federales”, abundaron. Los activistas recordaron los casos de personas que murieron en cárceles yucatecas “en condiciones que obligan a sospechar tortura, como sucedió con Roberth Tzab, en Tekax, hace ocho años, o el más reciente, en Temax, también en 2016”. Ambos, como otros que incluso fueron grabados y divulgados, “permanecen impunes”.