Transportistas amagan con paro y voto de castigo contra Del Mazo y el PRI

viernes, 4 de mayo de 2018
TOLUCA, Edomex. (apro).- Transportistas de alquiler que apoyaron al ahora gobernador Alfredo del Mazo durante su campaña, amenazaron con realizar un paro, incrementar las tarifas del pasaje o incluso imponer voto de castigo al PRI si la administración estatal insiste en obligarlos a costear para sus unidades cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de rastreo GPS. Los inconformes anunciaron la fundación del colectivo Fuerza Transportista 20 de Marzo, que aglutina a más de 120 mil concesionarios de mil 500 organizaciones de transporte público en la entidad, con el propósito de manifestar su descontento con la promulgación en la Gaceta de Gobierno, esa fecha, del acuerdo expedido por la Secretaría de Movilidad para la renovación de concesiones. Este documento condiciona el trámite a la sustitución de unidades que ya concluyeron su vida útil, y a su conexión “al Centro de Control y Gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México”, mediante un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), cámaras de vigilancia y botón de pánico. Acompañado por unos 500 agremiados, Juan Sánchez Peláez, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos del Estado de México, aseguró que el cumplimiento de estos requisitos implica a los concesionarios realizar fuertes inversiones que no están en posibilidad de solventar y, por lo tanto, podrían verse reflejadas en las tarifas a los usuarios. El concesionario justificó que su sector tiene como función el transporte de pasajeros, no la beneficencia pública ni la seguridad que deben proporcionar las policías. “No tenemos por qué pagar cosas que no nos corresponden, no tenemos que pagar cámaras para cuidarlos, eso corresponde a las autoridades, nosotros transportamos gente… si quieren transporte bueno, bonito y barato, que pongan la parte que les corresponde. La gaceta es inconstitucional; al rato van a querer que pongamos televisión a colores, pero lo que quieren es quitarse la carga ellos”, señaló. Además, consideró que estas tecnologías no son una garante de seguridad, pues ellos mismos padecen todos los días alrededor de 5 mil robos a pasajeros o de unidades. Sánchez Peláez afirmó que los transportistas están comprometidos con la modernización y regularización del parque vehicular, pero contra las imposiciones de la Secretaría de Movilidad. El también líder transportista Vicente Álvarez lamentó que la gaceta ni siquiera otorga facilidades, mientras ese tipo de trámites, además de costosos, son tardados y complicados. Luego expuso que la compra de ese tipo de equipos está limitada a ciertas empresas, que la instalación de cada cámara de videovigilancia se traduce en unos 30 mil pesos, la renta del sistema GPS implica alrededor de 700 pesos semanales, y que esas cantidades deben sumarse a los aproximadamente 200 mil pesos del vehículo, 28 mil para el seguro, y el curso de capacitación obligatorio que el Conalep imparte en 2 mil 500 pesos. Adicionalmente, deben pagar por la prórroga de la concesión, tenencia y licencia, de tal manera que detrás de la disposición no descartan que exista un interés económico y la intención de hacer “millonario” a alguien, y no necesariamente el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Por tanto, destacaron que el costo de estos implementos debe ser absorbido por las autoridades y, en caso de rechazar el diálogo para que así ocurra, realizarán desde marchas a Los Pinos hasta paros laborales. Incluso, Alejandro Bernal Sánchez, presidente del Bloque de Transportistas del Valle de Toluca, no descartó que el sector retire su apoyo a Del Mazo Maza y al PRI, porque se sienten utilizados. “En las pasadas elecciones en nuestras unidades traíamos (la leyenda) Fuerte y Con Todo, ahora nos están dando fuerte y con todo, eso es lo que hemos recibido porque no hemos sido escuchados por esa persona que nos pidió el voto en su momento y nos pidió traer ese tipo de propaganda”, expuso. También advirtió que los transportistas cuentan con infraestructura y gente suficiente para operar cualquier elección, de tal manera que los partidos políticos y gobernantes no debieran menospreciar su capacidad. Aunque afirmó que el voto del sector es individual y no corporativo, alertó que los transportistas no apoyarán a quien no los escucha. Finalmente, pidieron a los usuarios no dejarse manipular por las declaraciones de las autoridades, quienes “satanizan” a los transportistas, pues el sector no está en contra de una movilidad de calidad. Conforme a la gaceta referida, los trámites de prórroga provisional condicionada inician en junio y terminan en noviembre próximo, con un plazo promedio de medio año para la sustitución de las unidades.

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