Surge grupo de autodefensa en zona de producción minera y de heroína en la Sierra de Guerrero

martes, 19 de junio de 2018 · 10:04
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Pobladores de 23 comunidades de cuatro municipios que conforman la ruta minera y de la heroína en la Sierra y la región Centro de la entidad, confirmaron la creación de un nuevo grupo de autodefensa ante el vacío de autoridad que existe en esta franja dominada por el narcotráfico. La reciente expresión armada surgida ayer en la comunidad de Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), está avalada por comisarios municipales de pueblos de Heliodoro Castillo (Tlacotepec); Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo. Actualmente, esta zona de la entidad donde se produce la mayor cantidad de heroína en el país y se encuentra el cinturón de oro del Río Mezcala, es disputada por el cartel del Sur, afincado en Chichihualco y dirigido por Isaac Navarrete Celis “El Señor de la I” y la banda que lidera Onésimo Marquina “El Necho”, cuyo bastión está en Tlacotepec, indican reportes oficiales. Al respecto, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López, originario de la comunidad de Los Morros, municipio de Eduardo Neri, denunció públicamente que este es el resultado de la desatención del gobierno federal y estatal a los gritos de auxilio de los pobladores de la principal zona productora de enervantes de México. Explicó que la nueva guardia comunitaria denominada Policía Ciudadana de Autodefensa está conformada por 300 hombres armados y que van a instalar retenes desde la comunidad de Xochipala hasta Filo de Caballos, la ruta que conecta la región Centro con la Sierra de la entidad. “Se trata que las familias caminen bien, haya seguridad para los transportistas y los pueblos vivan en paz sin el temor de que gente ajena va a venir a desplazarnos de nuestros pueblos”, expresó Barragán López. El líder visible de la autodefensa de los pueblos de la Sierra aseguró que “van a trabajar de manera independiente a las autoridades de los tres niveles y el Ejercito, así como de otras expresiones armadas que existen en la zona y remató: “Si el gobierno definitivamente nos ha dejado así, somos nosotros los que nos vamos a defender como podamos”, advirtió el comisario. Barragán López recordó que la semana pasada se registraron varios enfrentamientos en los poblados de Izotepec y Corralitos entre grupos armados que dejaron un saldo oficial de cuatro personas muertas, así como el decomiso de dos patrullas clonadas del Ejército. Previamente, los habitantes de esta zona habían solicitado ayuda al gobierno de Hector Astudillo Flores, pero las autoridades fueron omisas, acusaron las víctimas. Por ello, los comisarios de las poblaciones que abarcan los cuatro municipios de la Sierra y la región Centro, decidieron tomar las armas para defender su vida, la integridad de las comunidades y sus bienes materiales, indicaron. La ley para desarmar comunitarias Desde abril de 2017, el gobernador Astudillo envió una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular. De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña. Así como contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen proliferando en las siete regiones ante el vacío de autoridad de esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción gubernamental. No obstante, el decreto de reforma constitucional enviado por Astudillo, se mantiene congelada en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el diputado local priista Cuauhtémoc Salado Romero. Desde el año pasado, el mandatario estatal admitió públicamente que las guardias comunitarias que operan en las siete regiones de la entidad están infiltradas por el narco. Un informe elaborado por la administración de Astudillo, publicado por Apro en julio de 2017, indica que algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco” y entre ellos señala a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala y la Sierra de Guerrero. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha fijado una postura ante el surgimiento de una nueva expresión armada en la Sierra de Guerrero donde el narco controla las empresas mineras y la producción y trasiego de heroína.