CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió un informe dirigido a los alcaldes de 20 ayuntamientos del estado de Jalisco tras la visita realizada a 29 lugares de detención, donde detectó factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. En un comunicado, el organismo precisó que también se descubrieron privilegios para algunas personas privadas de la libertad, como en la cárcel municipal de Atotonilco el Alto, donde el interno encargado de dormitorio duerme en una celda con un solo compañero y cuenta con televisor y baño, y en la de Encarnación de Díaz se observaron pantallas de plasma en algunas celdas, a las que el resto de la población no tiene derecho. De los lugares de detención visitados, 19 están destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto –comisarías y separos de Seguridad Pública-- y 10 funcionan como cárceles municipales, aunque también se hizo un recorrido por una casa hogar para menores de edad. En todos esos sitios se comprobó la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal, que según el MNPT constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. Se trata de las comisarías de Seguridad Pública y cárceles municipales de Atotonilco el Alto, Chapala, Encarnación de Díaz, El Salto, Guadalajara, Jalostotitlán, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Sayula, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tlaquepaque, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Zapopan, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo, mientras que el Hogar de Transición Villas Miravalle se localiza en Guadalajara. De acuerdo con el comunicado, en la cárcel municipal de Sayula se detectó que personas privadas de la libertad realizan labores exclusivas del personal de seguridad y custodia, tales como cerrar los dormitorios con candado y vigilancia de algunas zonas del centro de internamiento. El MNPT consideró necesario que tales lugares reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar una estancia digna y segura, especialmente para que cuenten con planchas para dormir y colchonetas; ventilación e iluminación suficientes; instalaciones sanitarias que funcionen y permitan satisfacer las necesidades fisiológicas, y se garantice el suministro de agua para atender los requerimientos individuales. Entre otras cosas, también se recomendó realizar las gestiones necesarias e inmediatas para que todas las personas privadas de la libertad en dichos lugares reciban en horario establecido, tres veces al día, y alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud. Y es que 10 comisarías y tres separos no cuentan con partida para alimentos: Atotonilco El Alto, Chapala, Guadalajara, Jalostotitlán, La Barca, San Juan de los Lagos, Sayula, Teocaltiche, Tonalá y Yahualica de González Gallo, así como los separos de Tequila, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo. El organismo detectó sobrepoblación en la comisaría de Jalostotitlán y en la cárcel municipal de Encarnación de Díaz, mientras que en los separos de Chapala, Tequila y Zapotlanejo y las comisarías de Lagos de Moreno, Ocotlán, Sayula y Yuahualica de González Gallo detectó que no hay celdas exclusivas para mujeres, y las cárceles municipales de San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Yahualica carecen de espacios para alojar mujeres, a quienes se coloca en las áreas administrativas o de ingresos. En cuanto a las sanciones administrativas, se observó que en los separos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tequila y en los de Seguridad Pública Municipal de Zapotlán El Grande, no cuentan con juez calificador y el director de seguridad pública las impone. En las cárceles municipales de Atotonilco El Alto, Encarnación de Díaz, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Sayula, Yahualica de González Gallo y de Zapotlanejo, no hay Comité Técnico y no se otorga el derecho de audiencia a las personas privadas de la libertad a quienes se impondrá medida disciplinaria, Además de las cárceles anteriores, en los establecimientos municipales de Jalostotitlán y La Barca no cuentan con personal técnico para la reinserción social de las personas privadas de la libertad. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó a los alcaldes a quienes dirigió el informe dar seguimiento a las observaciones señaladas y designar en un plazo de 30 días naturales a un funcionario con capacidad de decisión para dialogar y valorar las medidas para prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad, así como para dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención bajo su competencia.