COLIMA, Col. (apro).- Una organización juvenil denunció penalmente un presunto peculado y otros delitos cometidos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) con el programa “Arráigate Ser Joven”, ya que tras haber aprobado un proyecto productivo y expedido facturas por 910 mil pesos, nunca les depositaron los recursos. La querella fue presentada contra la exsubsecretaria de la Sagarpa, Mely Romero Celis (actual candidata a diputada federal por la coalición PRI-PVEM-Panal); Verónica Méndez, enlace ante la dependencia, así como Ligia Noemí Osorno Magaña y J. Ascención Durán Veloz, representantes nacional y estatal, respectivamente, del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (Inca). Marijose Verduzco Anguiano, representante de la organización “Manguitos”, presentó este martes la denuncia en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), acompañada de su asesora legal, Martha María Zepeda del Toro, quien es candidata a diputada federal por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC). Tras la diligencia, Zepeda del Toro dijo tener conocimiento de la existencia de al menos ocho casos similares en los que tampoco fueron entregados los recursos asignados a otras agrupaciones, por lo que realizó un llamado a los afectados a proceder conforme a la ley. Marijose Verduzco narró que desde diciembre de 2016 se organizó un grupo de 18 jóvenes del municipio de Tecomán, Colima, interesados en impulsar un proyecto productivo de deshidratación de mango, con el que esperaban generar empleos para alrededor de 25 personas. Con ese propósito, en abril de 2017 concursaron en el componente “Arráigate Ser Joven”, del programa Apoyo a pequeños productores 2017, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, donde fueron seleccionados con un apoyo de 910 mil pesos, de acuerdo con los resultados publicados en octubre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, con el folio AJE-COL-020-17. Verduzco Anguiano refirió que, aunque en noviembre cumplieron con los requisitos formales para la entrega de los recursos, como la apertura de una cuenta bancaria en ceros y la expedición de dos facturas por el monto total aprobado, pasó el tiempo y nunca les entregaron el dinero. En cambio, en marzo de este año, Ligia Noemí Osorno, directora nacional del Inca, envió a la organización de jóvenes un oficio exhortándolos a presentar evidencias y documentos de lo realizado con el apoyo económico, bajo la advertencia de que, si esto no se cumplía en un plazo de cuatro días, tendrían que devolver el dinero. Según Marijose Verduzco, al comentar la situación con el representante estatal del Inca, J. Ascensión Durán, éste sólo les ofreció la firma de una prórroga, pero posteriormente ninguna instancia les resolvió el asunto, ni siquiera la exsubsecretaria Romero Celis, a quien abordaron en dos ocasiones, en abril y junio, para plantearle el problema, pero al final les dijo que no podía hacer nada porque ya no estaba en la dependencia. En su denuncia, la representante de la organización “Manguitos” consideró que el Inca, empresa de participación estatal mayoritaria, “tiene un contubernio my marcado con la Sagarpa directamente y en su momento con Mely Romero”, lo que ocasionó un daño a la agrupación juvenil y al presupuesto federal, pues “nade quiere decir cuál fue el destino real y final de ese dinero que desde 2017 estaba etiquetado”. Además de peculado, los personajes presuntamente implicados fueron acusados de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, más los que resulten. Por su parte, Martha Zepeda comentó que desde 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había realizado observaciones al manejo de los recursos por parte del Inca, por lo que propuso una revisión a fondo del funcionamiento de esa empresa paraestatal.