CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez de Control Alexis Ornelas Pérez dictó prisión preventiva al exsecretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz, y a la exasesora de Administración de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), Martha Patricia Barreras Bandera. Además, dio su anuencia para que el director de esa dependencia federal, Diógenes Bustamante Vela, enfrente el proceso en libertad. Los tres son acusados del delito de peculado agravado por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario estatal. El próximo 2 de julio, a las 9 horas, se realizará la audiencia de vinculación a proceso de los imputados. El Ministerio Público solicitó que Diógenes Bustamante, de 80 años de edad, siga su proceso en libertad. El juez accedió, pero fijó una garantía de 500 mil pesos y que acuda cada 15 días a firmar ante la autoridad judicial. En tanto, Villarreal Aldaz solicitó continuar su proceso en libertad condicional porque –aseguró-- sufre de claustrofobia, que le provoca ataques de ansiedad y pánico. El exlíder sindical, candidato a una diputación plurinominal por el Partido Nueva Alianza (Panal), afirmó que se encuentra bajo tratamiento médico porque padece disfunción hepática, y pidió al juez que le dictara otra medida cautelar que no sea la prisión. El juez dictó prisión preventiva. De acuerdo con declaraciones que hizo un testigo protegido ante la Fiscalía General del estado, los tres señalados participaron en el desvío de 5 millones de pesos que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda para destinarlos a la Sección 8 del SNTE. El dinero, dijo, se entregó a Alejandro Villarreal en acuerdo con el exgobernador César Duarte Jáquez, quien ordenó a la Secretaría de Hacienda que así lo hiciera, porque de lo contrario el líder de maestros encabezaría una revuelta durante el desfile del Día del Trabajo, en 2016. A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECD) el gobierno de Duarte también operó varios desvíos supuestamente para otorgar apoyos económicos a Villarreal Aldaz, y para ello fueron requeridas las firmas de Diógenes Bustamante y Martha Patricia Banderas, exfuncionarios de SEECh. El testigo, que se acogió al criterio de oportunidad, explicó que los recursos eran entregados a SEECh para pagar los sueldos de maestros del subsistema federal y para cumplir con los compromisos que Duarte hizo con Villarreal Aldaz y con el extitular de la SECD, Marcelo González Tachiquín. El desvío de 5 millones de pesos se realizó entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2016: un millón 200 mil pesos que debieron pagarse para bonos por el día del maestro y 3 millones 800 mil para becas de educación media superior para hijos de éstos, según la última minuta firmada en 2015. Esos apoyos no estaban permitidos por la ley, abundó, pero eran pagados para mantener contento a Villarreal, quien tenía poder sobre los mentores y podía "desquiciar" el sistema educativo con huelgas. Otro testigo afirmó que también el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte Ricardo Yáñez Herrera (hoy detenido y sentenciado) presionó a la Secretaría de Hacienda para pagarle a Villarreal Aldaz, quien presuntamente apoyaría la imagen política de Duarte. Aseveró que Rosa María Hernández Madero, actual secretaria de la Sección 8 y entonces secretaria particular de Alejandro Villarreal, le llamó para preguntar los conceptos de los apoyos con el fin de elaborar y sellar los recibos de cobro. Uno más de los testigos aseguró que la solicitud del SNTE fue por 30 millones de pesos, pero sólo les dieron 5 millones. Sobre el caso, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sostuvo que el Ministerio Público pidió que Diógenes Bustamante lleve el proceso en libertad porque es un adulto mayor, pero también esperan que se acoja al beneficio de criterio de oportunidad para conocer quién realmente le ordenó firmar esos desvíos, como ya se ha hecho en otros casos de exfuncionarios. "Sabemos la manera en la que actuaba César Duarte, la forma en que obligaba a funcionarios y trabajadores, que ponía en riesgo su trabajo y posición si no hacían lo que les ordenaba. Sabemos que Diógenes Bustamante no habrá de sostenerse a la acción de la justicia. El Ministerio Público fue quien plantea la medida cautelar alterna a la prisión preventiva", puntualizó. Corral aseveró que son varios los casos que involucran a Villarreal, éste es apenas el primero. "En su momento la Fiscalía General dará a conocer los datos. Era dinero dirigido a profes y nunca les llegó. Cuando encontramos la revisión de las cuentas, vimos la participación que hizo de recibos que no llegaron a los profesores. La investigación es sólida", recalcó.