NUEVO LAREDO, Tamps. (proceso.com.mx).- Una nueva amenaza de muerte contra un periodista de Tamaulipas se suma a la cadena de agresiones y asesinatos contra los comunicadores del noreste de México, una región que ha sido “zona de silencio” durante años debido a la complicidad de autoridades y crimen organizado. Jorge A. Pérez González,  director del portal Optimus Informativo, anunció el cierre de su espacio debido a intimidaciones y amenazas, “todo bajo el amparo del anonimato”. “Hay quien me dice que debo presentar la denuncia respectiva, pero en un país donde la impunidad reina, creo que es más peligroso esto que darles el gusto de callarnos”, señaló Pérez González en una columna de despedida. “Estas líneas no persiguen ni la victimización ni la autoflagelación, agradezco de antemano la solidaridad de los lectores… no tenemos otra alternativa más que alejarnos por precaución de EL ACOSO Y EL AHOGO”, concluyó el texto. Pérez González ha intercalado su oficio de periodista con diversos cargos públicos: fue síndico primero en el ayuntamiento de Matamoros y también se desempeñó como coordinador operativo de Comunicación Social durante el gobierno de Tomás Yarrington. No obstante que desde ese puesto acordó convenios de publicidad con medios de Tamaulipas, los cuales fueron utilizados para imponer una censura a periodistas críticos del exgobernador, ante la amenaza los comunicadores de Tamaulipas cerraron filas con Pérez González. La denuncia del director de Optimus Informativo ya está siendo atendida por el Mecanismo de Protección a Periodistas y por diversas organizaciones como Artículo 19. Esa nueva amenaza se suma a la cadena de ataques y asesinatos que se han registrado en la región, sin embargo las agresiones ahora vienen por parte de funcionarios y miembros de partidos políticos y no por el crimen organizado como anteriormente sucedía. En los últimos meses tres periodistas fueron asesinados en la región, se registró el intento de secuestro contra un comunicador y al menos dos reporteros fueron despedidos por presiones de funcionarios que utilizan los convenios de publicidad como arma de chantaje. En Monterrey se registró en días pasados el asesinato de Alicia Díaz González, corresponsal de El Financiero; le siguió el crimen en Ciudad Victoria contra Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior; anteriormente mataron en Nuevo Laredo a Carlos Domínguez Rodríguez. Las investigaciones realizadas por las autoridades registran que los asesinatos de Carlos Domínguez y Héctor González tienen tintes políticos. Mientras que en Nuevo León, exjefes policiacos y exfuncionarios planeaban el secuestro del periodista Víctor Badillo, molestos por su trabajo que ha documentado las ilegalidades y corrupción que priva en el municipio de Escobedo. Despidos por “afectar a clientes” A las agresiones y amenazas ahora se suman los despidos de periodistas por publicar en sus redes sociales comentarios que molestaron a los funcionarios que mantienen convenios de publicidad con sus medios. El Heraldo de Saltillo anunció el pasado 31 de mayo que su reportero Daniel Revilla “dejó de prestar sus servicios en El Heraldo al haber cometido faltas graves a las políticas internas de esta empresa, deshonestidad y agresiones en contra de nuestros clientes”, informó una editorial que se publicó en su página de la red social Facebook. La “deshonestidad” que cometió Daniel Revilla fue denunciar en sus redes sociales agresiones de la Policía Municipal de Ramos Arizpe en su contra cuando realizaba una cobertura periodística encargada por su medio. En respuesta a esa denuncia, sus jefes le advirtieron: “Ojo con eso Daniel; aunque tu comentario es a título personal, tú trabajas para El Heraldo y en El Heraldo tenemos acuerdos comerciales importantes con Tita (la alcaldesa de Ramos) que tú estás poniendo en riesgo”. Tras despedirlo, sus jefes publicaron: “Asimismo, nos reservamos emprender las acciones legales tanto por la vía penal como por la vía civil que correspondan”. El mismo caso se registró en la región de la Laguna de Durango, con una periodista que publicó denuncias en su red social y a título personal pero por ello fue despedida por el diario donde trabajaba: Milenio Laguna. Cecilia Rojas Orozco denunció en sus redes sociales que el Festival Lerdantino de 2010 dejó una deuda que afectó a más de 100 personas involucradas, desde artistas hasta organizadores y proveedores. La deuda no pagada se le atribuye a Othón Reuter Ramírez, quien entonces presidía el comité del festival y hoy es director de Arte y Cultura en Lerdo. Para abril de este año, Cecilia Rojas fue despedida de Milenio Laguna como represalia por su denuncia a título personal. La orden para despedirla vino de la alcaldía de Lerdo.