TOLUCA, Edomex. (apro).- El grupo parlamentario del PAN en la Legislatura mexiquense pidió a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Movilidad estatal transparentar los procedimientos de licitación, contratos, objeto social, empresas, socios, beneficiarios e impacto presupuestal final del Tren Interurbano México-Toluca. Durante la sesión de la Permanente celebrada este mediodía, el legislador Víctor González presentó un punto de acuerdo que además plantea a ambas dependencias impulsar las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio. El panista lamentó que la obra ha destacado no por su gran impacto social o el notable costo-beneficio y menos por su transparencia, sino por sus tropiezos estructurales con la caída de “ballenas”, el retraso de su edificación, el impacto negativo en el tránsito terrestre, su sobreprecio y su desconocida fecha de culminación. El legislador destacó que los ciudadanos están en derecho de conocer los detalles de contratación y las razones de “tanto error” de planeación, incluyendo factores y contingencias sociales, rupturas de trabes y ballenas “que dejan ver deficiencias técnicas ostensibles y el temor de algunas ocultas”, sobrecostos y cuestiones operativas que generaron problemas de ejecución. El Instituto Mexicano para la Competitividad, recordó, reveló que el proyecto se presupuestó en 39 mil millones de pesos, pero a la fecha su costo es de 59 mil millones, sin que se tenga certidumbre en el sentido de que ya no habrá incrementos. “Sabemos, por información proporcionada por la SCT, que el valor final de la obra debería ser igual o inferior a 25% de lo presupuestado; de lo contrario, dejaría de ser socialmente beneficioso, situación que contrasta con el sobreprecio de 50% a la fecha”, enfatizó. Para González Aranda es preocupante que todavía no se tenga asegurada la totalidad de los derechos de vía para garantizar la conclusión de la obra sin más desviaciones de la ruta original, pues eso impacta en el tiempo de construcción, en el precio de la obra y en los beneficios. Otra dificultad que se vislumbra, alertó, es la movilidad de sujetos criminosos en forma individual o en masa (integrantes del crimen organizado) entre los valles de México y Toluca, lo que a su decir incidirá en el incremento de las tasas de inseguridad e impunidad. “También queremos saber qué se está haciendo para prevenir el tránsito de posibles flujos delictivos de una zona metropolitana a otra, las medidas que garanticen la seguridad de los usuarios y los elementos que den certeza a la ciudadanía de que la infraestructura actual soporte las terminales”, planteó. En el marco de la construcción, expuso, ya hemos visto un impacto negativo para el flujo normal de automóviles y pasajeros en diversos tramos de la carretera México-Toluca, tanto libres como de cuota. Por estas razones, demandó a la SCT y a la Secretaría de Movilidad resuelvan dudas, vía la Legislatura y a través de la opinión pública. La petición fue turnada a las Comisiones Unidas para su análisis y dictamen.