TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Alrededor de 500 personas desplazadas de cuatro comunidades anunciaron este martes la creación de la “Coordinadora de Personas Desplazadas del estado de Chiapas”, para exigir a los gobiernos estatal y federal que cumplan con los ordenamientos legales para su pronto su retorno a sus lugares de origen. El grupo dio a conocer que el pasado fin de semana sus representantes se dieron cita en San Cristóbal de las Casas para conocerse y analizar la situación en la que viven los desplazados del ejido Puebla, perteneciente a Chenalhó; de la comunidad Shulvó, en Zinacantán; Tenango y Cintalapa, en Ocosingo, así como los del municipio de Huixtla. Tras intercambiar experiencias, concluyeron que todos enfrentan situaciones similares. Por ejemplo, en los casos de Tenango, Cintalapa, Shulvó y el ejido Puebla, su desplazamiento fue resultado de un conflicto social por manifestarse contrarios al grupo que tiene el poder político. Fueron víctima de agresiones y finalmente expulsados de sus respectivas comunidades. Situación distinta vivieron los afectados del municipio de Huixtla, quienes fueron desplazados a raíz del huracán Stan. Pero en todos los casos hubo omisión por parte del Estado mexicano para prevenir su desplazamiento, además de que no ha cumplido con su obligación internacional “de garantizar nuestros derechos humanos que se traducen en necesidades básicas como el derecho a la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes, el derecho a la alimentación, a una vida digna y un trabajo digo, así como la salud”, señalaron. En esta ciudad, los representantes de los desplazados destacaron que, si bien es cierto que en algunos casos el gobierno estatal ha cubierto algunas de las necesidades básicas, no ha sido suficiente y eso ha puesto en riesgo su integridad física y psicológica, e incluso su vida. En el caso del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, los indígenas tzotziles desplazados suman 254: 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños, 48 niñas y cuatro recién nacidos. Éstos fueron expulsados porque no dieron su voto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por oponerse a la alcaldesa Rosa Pérez Pérez. De la comunidad de Tenango, municipio de Ocosingo, suman 71 los indígenas tzeltales que fueron sacados por la fuerza de su comunidad: 32 menores de 14 años, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. Fueron desplazados desde el 23 de enero 2015 por ser adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En Cintalapa, municipio de Ocosingo, son 36 las personas expulsadas, todas indígenas tzeltales: 11 mujeres adultas, una de la tercera edad, cuatro niñas, nueve hombres adultos, uno de la tercera edad, siete adolescentes y tres niños. Fueron desplazados desde marzo de 2009, también por ser adherentes de la Sexta Declaración del EZLN. De la comunidad de Shulvó, municipio de Zinacantán, son 16 los indígenas tzotziles desplazados desde el 9 de diciembre de 2015, por ser bases de apoyo del EZLN.: seis hombres, cinco mujeres, un hombre adolescente, una mujer adolescente, dos niñas y un bebé. En el municipio de Huixtla fueron expulsadas 67 personas --20 hombres, 29 mujeres, nueve niños y nueve niñas-- a causa del huracán Stan, el 5 octubre de 2005. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, que dirige Diego Cadenas, los desplazados presentaron sus respectivos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de ejido Puebla, la CIDH ya emitió la medida cautelar número MC-361-17 mediante la resolución 13/2018, y están a la espera de que dicho organismo se pronuncie respecto de los desplazados de Huixtla y Cintalapa. En el caso de Shulvó, “estamos agotando los recursos internos para estar en posibilidades de acudir a la CIDH, y en el caso de Tenango están próximos a presentarles el caso”, dijo Diego Cadenas. En conferencia de prensa, uno de los indígenas subrayó: “Estamos enterados de que hay otras personas igual que nosotros, indígenas y no indígenas que han sido víctimas de desplazamiento y que se encuentran sufriendo fuera de sus comunidades de origen, abandonados por el gobierno. También vemos que las condiciones no cambian y que no se hace nada para prevenir futuros casos de desplazamiento forzado”. Añadió: “Vemos que luchando por separados no conseguiremos nada, por ello hemos acordado iniciar una lucha conjunta y damos a conocer el día de hoy que nace una organización que nos une y nos representará como desplazados internos de Chiapas. Hemos decidido denominarle ‘Coordinadora de Personas Desplazadas del estado de Chiapas’, y caminar juntos en la lucha por nuestros derechos”. Las y los indígenas desplazados llamaron a todas las personas que se encuentran en la misma situación, a que se unan a su movimiento para luchar todos juntos por sus derechos. La Coordinadora de Personas Desplazadas del estado de Chiapas estará integrada por 444 personas, de las cuales 128 son mujeres y 207 niñas, niños y adolescentes. Los integrantes dieron a conocer que realizarán acciones de protesta con el fin de exigir a este gobierno “y al que venga” la restitución de sus derechos violados y el retorno a sus comunidades de origen. “Es importante que el gobierno del Estado mexicano sancione con cárcel a quienes ejercen agresiones con el fin de desplazar a la población. También es necesario que exista una ley efectiva para prevenir el desplazamiento forzado. Sabemos que existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, pero también sabemos que esta ley evidentemente no se cumple”, destacaron en un pronunciamiento. Culebro presume acciones a favor de desplazados Por separado, esta misma tarde el secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, elogió el esfuerzo que realizan 14 dependencias y entidades estatales “para atender en forma integral” el desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Destacó que con el impulso del gobernador Manuel Velasco Coello, la entidad fue pionera al promulgar la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que hoy cuenta con un amplio respaldo institucional con 14 dependencias involucradas, cuyo Secretariado Ejecutivo recae en la Secretaría de Protección Civil. Ejemplo de ello, destacó el funcionario, es la atención que se brinda a 254 personas desplazadas del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, quienes actualmente cuentan con un sitio de resguardo seguro en San Cristóbal de Las Casas, donde además de recibir atención alimentaria, servicios de salud y educación, cuentan con un apoyo económico semanal de 50 mil pesos del Programa de Empleo Temporal, lo que les permite desarrollar una actividad productiva y así obtener ingresos para sus familias. En el caso de 10 familias desplazadas de las comunidades Tenango y Cintalapa, en Ocosingo, precisó que desde hace ocho años cuentan con el apoyo necesario para la renta del espacio donde habitan, en tanto concluye el problema agrario que ocasionó la salida de su lugar de origen y que actualmente se encuentra en manos del Tribunal Unitario Agrario con sede en Comitán. Culebro Velasco detalló que en el caso de las familias desplazadas de la comunidad Shulvó, se autorizó el pago de una renta de dos viviendas en San Cristóbal de Las Casas y la provisión de alimentos por parte de Protección Civil.