La detención y agresión contra ejidatarios de Chihuahua fue excesiva: abogada; fue apegada a Derecho: FGE

sábado, 7 de julio de 2018 · 15:42
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La abogada Mónica Reyes, quien defendió ayer a los ejidatarios golpeados y detenidos por agentes estatales de Chihuahua, dio a conocer que fueron liberados anoche e informó que las aprehensiones se hicieron sin la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que entre los detenidos se encontraba un menor de edad. "Algo está muy mal en Chihuahua, se reprime a los ciudadanos sin diálogo, sin la presencia de un representante de derechos humanos, sin un notario y están los videos de evidencia. Un jovencito tratado como adulto ¿qué nos pasa? Es para reflexionar y espero que las autoridades se den cuenta de lo que hicieron porque los ciudadanos en muchos estados si se dieron cuenta de cómo fueron tratados un grupo de ciudadanos de Chihuahua ", sostuvo la activista y abogada. El problema se originó porque el gobierno estatal construyó un muro de contención para que los ejidatarios y habitantes de Sacramento no pasen por un camino vecinal, que utilizan porque no consideran justo pagar la caseta de peaje de manera cotidiana, que se encuentra entre la ciudad de Chihuahua y el ejido, a unos 25 kilómetros. La Secretaría de Hacienda informó está mañana que la actual administración aumentó en casi un 35 por ciento la cantidad de tarjetas de descuento en el cruce de la caseta Sacramento de la carretera Chihuahua-Juárez, en beneficio de pobladores de las zonas aledañas a dicha instalación. El gobierno anterior otorgó mil 368 tarjetas preferenciales, con distintos porcentajes de descuento. El gobierno de Javier Corral Jurado aumentó la cantidad de tarjetas a mil 839 tarjetas preferenciales autorizadas, de las que 880 tienen “tasa cero”. Del total de tarjetas ya autorizadas, sólo faltan 141 por entregar, porque no han acudido a recogerlas. "La puesta en operación de una brecha para permitir el libre paso a la altura de la caseta ha ocasionado pérdidas para el Gobierno del Estado por más de 4 millones de pesos. "Se estima que entre los meses de abril, mayo y junio de 2018, en los que se abrió esa brecha, dejaron de cruzar por la caseta más de 47 milvehículos, lo cual generó la pérdida antes mencionada", justifican así la agresión en un comunicado. Y agregan que el dinero recaudado en las casetas de peaje ubicadas en las carreteras del estado se destina, en gran medida, a pagar la deuda adquirida con la emisión de bonos carreteros que hizo el gobierno de César Duarte Jáquez, los ingresos por ese concepto quedaron comprometidos hasta el año 2038. Aseguran que el gobierno estatal tiene disposición para resolver los diferendos a través del diálogo y la conciliación entre los habitantes de las zonas aledañas a la caseta Sacramento y respetar los descuentos y beneficios que ha otorgado a través de las tarjetas que ya fueron emitidas. Por su parte, la Fiscalía Zona Centro aseveró en otro comunicado, que la detención de seis personas del ejido, estuvo apegada a derecho y que todos fueron puestos en libertad, bajo las reservas de ley. "Los cinco adultos y un menor de edad arrestados ayer viernes, inmediatamente puestos quedaron a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía de distrito Zona Centro para el inicio de las investigaciones correspondientes. "Dichas personas dañaron una barrera metálica y de concreto que fue colocada por el Gobierno del Estado en el camino de terracería del ejido Sacramento para evitar la circulación vehícular con la evasión del pago de la caseta de peaje", confirman. Justifican que el actuar de los policías fue supervisado por la titular de la dirección de Control Interno de la FGE, Erika Jasso en el lugar de los hechos, quien constató que no se ejerció violencia innecesaria, que se respetaron los derechos humanos y que no hubo abuso de autoridad. El Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, Contra la Paz, la Fe Pública y la Seguridad de las Personas, determinó poner en libertad a los detenidos, "bajo las reservas de la ley y posteriormente ejercer la acción penal por los delitos que se les acreditó".