CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil reprobaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) invisibilizara la desaparición de mujeres y niñas en Puebla, en su respuesta a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) dada a conocer el pasado 26 de julio. El reclamo es, sobre todo, por la desaparición de al menos 820 mujeres y niñas en los últimos años del anterior gobierno de Rafael Moreno Valle, y ese fue el motivo principal de la solicitud de la AVG --enviada en octubre pasado--, que fue acompañada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con un informe especial, Puebla es uno de los 11 estados donde se acumula más del 80% de las víctimas de desaparición en el país. En un comunicado, la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C. (ALEIDHAC), peticionaria de la AVG en Puebla, junto con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expresaron su “preocupación por el endeble informe del Grupo de Trabajo coordinado por la Conavim”, que se emitió “sin atender de manera particular las problemáticas de feminicidio, trata y desaparición de mujeres y niñas”. Advirtieron que, a través de solicitudes de información, el OCNF documentó “de enero de 2015 a diciembre de 2016 la desaparición de 820 mujeres, de las cuales seis fueron encontradas muertas, 300 no fueron localizadas y se desconoce el número y las condiciones de quienes fueron encontradas con vida”. De acuerdo con las organizaciones civiles, el reporte del Grupo de Trabajo refleja la práctica de acumular solicitudes de AVG, y en el caso de Puebla, destacaron, se termina por “invisibilizar las particularidades de cada problema y se omiten acciones específicas para atender de manera urgente cada una de ellas”. Además, “el informe deja ver la falta de selección de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, capaz de realizar investigaciones que conlleven a la generación de un diagnóstico sobre la violencia feminicida y la desaparición de mujeres y niñas en la entidad poblana en los temas focalizados en cada una de las solicitudes”. Recordaron que, en marzo de 2016, siendo gobernador de Puebla el panista Rafael Moreno Valle, las organizaciones Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C. y Todos para Todos A.C., solicitaron la declaratoria de AVG, pero en 2017 la Conavim se negó a declararla. La resolución fue impugnada por la CNDH, que forma parte del Grupo de Trabajo de la AVG, por considerar como “insuficientes” las medidas tomadas por el gobierno para dar respuesta a las conclusiones-recomendaciones del Grupo. Entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre de 2017 se formularon nuevas solicitudes de AVG, una por la CNDH, “por la gravedad de los casos y la impunidad”, y ALEIDHAC, integrante del OCNF, hizo lo propio “ante el incremento y la agudización de los feminicidios, aunado al contexto de desaparición de niña y mujeres, que puedan derivar en un feminicidio”. Las organizaciones firmantes lamentaron que, siendo la desaparición el motivo de la solicitud de AVG, “el Grupo de Trabajo omitió realizar una investigación a profundidad que refleje la problemática que han documentado organizaciones de la sociedad civil, académicas y el propio gobierno federal”, a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que hasta octubre de 2017 contabilizaba 34 mil 313 personas no localizadas, de la cuales 8 mil 800 son mujeres. Agregaron que la CNDH advirtió en un informe especial, divulgado el año pasado, que el 82.17% de los casos de desaparición, es decir 23 mil 934 personas, se registraban en 11 entidades, entre ellas Puebla, con mil 80 casos. Con el antecedente de 820 registros de víctimas femeninas desaparecidas durante los dos últimos dos años del gobierno de Moreno Valle, las organizaciones civiles solicitaron la AVG ante “los patrones hallados en la desaparición de mujeres y niñas, así como por la existencia de un ‘entorno geográfico que rodea la trata y la exportación sexual de las mujeres en el llamado corredor Puebla-Tlaxcala’, reconocido por el propio Grupo de Trabajo --del cual Conavim es parte--, por lo cual una de nuestras propuestas fue la urgente necesidad de vincular esfuerzos a nivel municipal, estatal y federal, y crear un protocolo regional para combatir la trata y desaparición de las mujeres”. Puntualizaron que aunque el informe de AVG “reconoce el incremento del crimen organizado en algunas regiones del estado, el Grupo de Trabajo no realiza un análisis de contexto efectivo e invisibiliza la desaparición de mujeres y niñas, además de que redujo las recomendaciones en la materia a acciones que eran --desde entonces-- una obligación estatal, las cuales están establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Igualdad, así como en sus homólogas estatales, y el plan nacional y estatal de desarrollo”. Tras señalar algunas irregularidades, entre ellas que se haya validado una reunión con organizaciones, pese a que éstas se levantaron de la mesa de trabajo por falta de condiciones, lo que quedó asentado, así como omitir el reporte del OCNF, las organizaciones lamentaron el aval de Conavim a informes que “no cumplen con rigurosidad y análisis que el contexto amerita”. Peor aún, reprobaron que ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara al estado de Puebla como “ejemplo en el combate a la violencia de género”. “Manifestamos nuestro rechazo ante las decisiones regresivas de la Conavim, las cuales se oponen a las obligaciones nacionales e internacionales de las autoridades mexicanas, como lo manifestó recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), quien expresó también su preocupación por ‘los patrones persistentes de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas --en México--, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexuales, en particular el feminicidio”, recalcaron. Para las organizaciones solicitantes de la AVG, “invisibilizar la desaparición de mujeres y niñas fomenta su prevalencia e impunidad”, lo que podría traducirse en “contextos más adversos, difíciles de erradicar y daños irreparables”. Finalmente, insistieron en que resulta indispensable “emprender las acciones jurídicas necesarias para investigar, prevenir y combatir estos y otros elementos que inciden en el incremento de la violencia de género contra las mujeres, especialmente la desaparición y los feminicidios”.