OAXACA, Oax. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la Controversia Constitucional 132/2018 que interpusieron consejeros y magistrados del Poder Judicial de Oaxaca contra los poderes Legislativo y Ejecutivo que promovieron un decreto que desaparece el Consejo de la Judicatura de Oaxaca. Con fecha 16 de agosto de 2018, la Corte admitió la Controversia y ahora el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, titular del poder Ejecutivo; Raúl Bolaños Cacho Guzmán, presidente del Tribunal Superior de Justicia y la LXIII legislatura local tendrán 30 días hábiles a partir de esta fecha para contestar la demanda. De no hacerlo, advierte la Corte, “las subsecuentes se le harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado. Se requiere a las mencionadas autoridades estatales para que, al dar contestación a la demanda, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados, así como de la norma controvertida y un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que conste su publicación (…) de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”. Esta decisión se da a unos días de que el Juez Décimo Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, José Luis Evaristo Villegas, concedió la suspensión definitiva de la reforma aprobada por la LXIII Legislatura y ordena restituir el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, lo que significó un revés para el congreso local y el presidente del Tribunal. Además, esta resolución del juez le devuelve sus funciones a los integrantes del Consejo de la Judicatura que habían sido sustituidos por una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El amparo 753/2018 fue presentado por tres consejeros a nueve magistrados para impedir la desaparición del Consejo de la Judicatura estatal promovida por Cacho Guzmán y aprobada por el congreso local. Apenas el pasado 31 de julio, la Legislatura local aprobó el decreto 1539 que desaparece el Consejo de la Judicatura y crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mismo que fue publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial del Estado. En respuesta, los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Rene Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González, Sonia Luz Ireta Jiménez, José Luis Reyes Hernández, José Luis Ríos Cruz, así como los consejeros Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Rogelio Gabriel Morales Cervantes y Alfredo Lagunas Rivera interpusieron un amparo que finalmente ganaron. Ahora, la Corte determinó: “Fórmese y regístrese el expediente relativo a la controversia constitucional que hacen valer quienes se ostentan como consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura, así como quienes se ostentan como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, todos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa”. También explicó que “se admite a trámite la demanda de quienes se ostentan como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, todos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. No pasa inadvertido que, el Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Superior de Justicia y por los jueces de primera instancia, siendo el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien tiene la representación legal del Poder Judicial”. Sin embargo, agregó, “de la lectura integral del escrito de demanda, particularmente de la manifestación de hechos, se advierte la prevalencia de un estado de cosas que justifica, de manera excepcional, reconocer, en principio, legitimación procesal a los comparecientes, a efecto de no convertir las normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia, cuya denegación podría generar un perjuicio en contra del órgano en nombre de quien promueven”. El presidente del TSJ, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, padre del actual senador electo del PRI, Raúl Bolaños Cacho Cué, también ha sido cuestionado por su “asunción ilegítima y vergonzante”. Por esta razón, el doctor en Derecho, Rafael García Zavaleta, solicitó la desaparición de poderes en Oaxaca, pues uno de ellos, el Judicial, está constituido de manera ilegal, según afirmó. García Zavaleta presentó la demanda de amparo contra la designación de Cacho Guzmán por el delito de “ejercicio indebido de funciones” y contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia por “abuso de autoridad”. Por otra parte, magistrados exigieron al presidente del Tribunal transparentar alrededor de 70 millones de pesos que retiró, sin su consentimiento, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidos a los trabajadores correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014.