CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El coordinador de comunicación social del Congreso local, Jaime García Montero, benefició a su empresa con recursos del erario por un monto de más de 400 mil pesos durante los tres años de la actual LXI legislatura local. Según un informe oficial del área administrativa del Legislativo, cada año García adjudicó de manera directa contratos por 139 mil 200 pesos a la agencia Notymas, de su propiedad, que actualmente es administrada por su testaferro Romel Rodríguez Zavala. En consecuencia, durante los tres años de la actual legislatura, que concluirá este mes, el presidente de comunicación social, además de cobrar su salario como diputado, triángulo recursos por un total de 417 mil 600 pesos para beneficiar a su empresa. Este hecho exhibe el nivel de corrupción y opacidad que impera en Guerrero, así como los mecanismos de censura sutil que implementan funcionarios estatales para cooptar medios de comunicación y vulnerar el derecho de la sociedad a estar informada. Por ejemplo, ayer se dio a conocer que los diputados de la LXI legislatura local, que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, han destinado a medios de comunicación alrededor de 17 millones de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios”, sin criterios transparentes en la asignación de recursos públicos. De acuerdo con información oficial, la dirección de comunicación social del Congreso maneja de manera discrecional y en total opacidad tres listados donde incluye “convenios” con 117 empresas y particulares por un monto total de un millón 303 mil 980 pesos, así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un centenar de reporteros por 110 mil pesos. Esta cantidad destinada a periodistas y empresas de medios suma un millón 483 mil 980 mensuales, y sólo se indica que forma parte del “fondo 23” administrado por la jefa del departamento de contabilidad del Congreso, Imelda Pérez Pantaleón, quien depende del subsecretario de servicios financieros y administrativos Vicente Figueroa Alanís, según el informe consultado. En la extensa lista de beneficiarios que se maneja de forma discrecional, y no se encuentra disponible en el portal de transparencia, hay funcionarios estatales y municipales que cobran como servidores públicos o por “brindar servicios” publicitarios a la LXI legislatura local. También aparecen reporteros que cobran a nombre de empresas y a título personal, incluso esposas y familiares directos. Los montos de los “convenios” con empresas de medios, así como “pagos” a columnistas y “apoyos” a periodistas es variable y no se especifica un criterio o justificación en la asignación del gasto millonario en medios.