MONTERREY, NL. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) detectó fallas en la actuación de las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal de Juárez en el caso de la menor Ana Lizbeth, secuestrada el pasado 15 de julio y después asesinada por un expolicía. Al emitir la recomendación 19/2018, Sofía Velasco Becerra, presidenta de la CEDHNL, expuso que el organismo a su cargo acreditó que las dos dependencias incurrieron en actos violatorios a los derechos a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a la vida, y a los derechos de la niñez y las víctimas. Ana Lizbeth Polina Ramírez desapareció de las oficinas de la ruta de autobuses 572 de la entidad, donde trabaja su madre. Su cadáver fue hallado dos días después en un terreno baldío, cerca del área donde fue retenida y donde vivía su victimario, identificado como Juan Fernando Ruiz Ramos, ya detenido. Al hacer una cronología de los hechos, la CEDHNL expuso que el 15 de julio la madre de la menor denunció la desaparición a las 20:54 al número de emergencia 911, y fue la policía de Juárez la que recibió la llamada, pero los agentes municipales se abstuvieron de dar aviso a la Fiscalía General. A las 8:45 del día siguiente, la madre de Ana Lizbeth acudió al Centro de Orientación y Denuncia (Code) para dar cuenta de la desaparición de su hija, pero hasta las 11:07 una agente del Ministerio Púbico informó al coordinador de Alerta Amber sobre el hecho, y fue hasta las 14 horas cuando ésta se activó. El martes 17, la agente del Ministerio Público Orientador giró oficios a hospitales, policías y la Agencia Estatal de Investigaciones para buscar a la menor. A las 19:57 de ese día se recibió la noticia del hallazgo de restos humanos cerca del área de la desaparición, y agentes ministeriales que se trataba de Ana Lizbeth. El jueves 19 fue detenido el homicida, sobre quien pendía una orden de aprehensión que no había sido cumplida, por una violación previa. De acuerdo con Velasco Becerra, la recomendación emitida destaca la falta de debida diligencia en la búsqueda de la niña por parte de la Fiscalía General y la policía juarense, que fallaron en aplicar medidas para el debido procesamiento de la investigación de los hechos. Asimismo, la CEDHNL acreditó que el cuerpo policiaco municipal se abstuvo de aplicar el respectivo protocolo de búsqueda y se limitó a emprender una pesquisa material, mientras que la instancia estatal no aplicó con eficacia el protocolo de búsqueda, ni la investigación inmediata de personas desaparecidas, ya que hubo una dilación significativa entre la presentación de la denuncia y la activación de la alerta Amber. Por ello, se recomendó a la policía de Juárez emprender procedimientos administrativos contra funcionarios responsables de las omisiones, y que se imparta a todo el personal de la policía un curso en materia de derechos humanos, mientras que al presidente municipal se le pidió resarcir los daños causados a través de tratamiento psicoterapéutico integral. También se le exigió girar instrucciones para que todos los trabajadores conozcan el funcionamiento de la alerta Amber, y que ayude con la indagatoria de la responsabilidad penal de los policías que fallaron en su función. A la Fiscalía, la CEDHNL le pidió aplicar de manera puntual los protocolos correspondientes, en particular el protocolo con perspectiva de género para realizar la investigación por feminicidio.