Activistas acusan a la Fiscalía de Jalisco de no proteger a los menores del abuso sexual

lunes, 27 de agosto de 2018
GUADALAJARA, Jal. (apro).- Con la voz entrecortada, Claudia Angélica Rangel Martínez, directora general de la asociación civil Cuepaliztli, denunció que Juan Pablo, de cuatro años de edad, fue abusado sexualmente por su padre biológico dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Sistema DIF de esta ciudad. Para evitar más abusos contra el pequeño, en su momento el titular del Juzgado Segundo de lo Familiar, Dionisio Núñez Verdín, dictó como medida cautelar que el padre conviviera con Juan Pablo sólo dentro de esa instancia, sin embargo, aprovechando el cambio de turno de personal, el sujeto llevó al niño al baño de las instalaciones --acción que se la tenía prohibida-- y lo violó. El pequeño mencionó sobre el hecho a su mamá, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General del estado, pero al no haber un “argumento legal”, la dependencia desestimó el testimonio de la víctima, debido a que –subrayó-- no son válidos los dichos de menores de dos a cinco años "por no tener una conciencia moral". "Uno de los argumentos del Instituto de Ciencias Forenses y de los psicólogos y peritos en Ciudad Niñez es que estos niños (abusados) no tienen la capacidad para hablar del evento que han pasado, además de que en toda la República Mexicana no existen técnicas y especialistas en materia de abuso sexual infantil", precisó Rangel. Tras desmentir esa información y señalar que existen al menos 37 especialistas en la materia, la activista dijo que cuando cuestionó a la titular del Programa de Protección y Apoyo Legal del DIF Guadalajara, Alejandra Salas Niño, sobre el abuso que sufrió Juan Pablo, ésta le dijo: “No seas tan acelerada, ¿tienes algún testigo que lo pruebe?”. Para rematar, abundó, el titular del Centro de Convivencia, Víctor (Hugo Escalante Juárez), mandó un escrito al juez donde precisó que fue la madre quien dijo que el niño fue abusado, pero no fue así, “lo dijo el niño y yo le voy a creer al niño", apuntó. De igual manera, refirió que a Juan Pablo se le protegió con una medida cautelar para que se suspendieran las visitas asistidas con su padre, pero el juez Segundo de lo Familiar "señala que se tiene que tener convivencia a través de terapia psicológica entre el padre y el menor". Añadió: "Cuando presentamos la segunda denuncia en Ciudad Niñez, en el Ministerio Público, el menor expresa nuevamente los actos cometidos en su contra y a su integridad sexual; aun así, el juez Segundo de lo Familiar señala que tiene que ir obligatoriamente a sesión terapéutica, si no la madre tiene arresto domiciliario de más de 72 horas". Según la directora de Cuepaliztli, la psicóloga del Centro de Convivencia del DIF calificó de improcedente la relación de Juan Pablo con su padre, pero argumentó que su obligación era acatar la resolución del juez. “Lo único que debería de proceder es arrestar al agresor de Juan Pablo y que pierda la custodia”, soltó Rangel. No es el único caso grave. La Red Prevención del Abuso Sexual Infanto Juvenil, que integran Defiende-T, Cetif, Cuepaliztli y Sydisas, documentó cinco más en los que personal de la Fiscalía General del estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del Centro de Convivencia Familiar del DIF Guadalajara, han cometido errores, omisiones e irregularidades que han ocasionado la violación de los derechos humanos de menores. Por ello, este lunes presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para que se dicten medidas cautelares y la reparación del daño a las víctimas. Uno de los caso se registró en la Fiscalía Regional del estado con sede en Puerto Vallarta, donde el titular de la dependencia, Francisco de Jesús Sandoval Rodríguez, con tal de favorecer a su hija Rossandra Sandoval Hernández, abogada defensora del agresor sexual y padre biológico de Regina Zoé, de cinco años de edad, no ha "garantizado" los "derechos de denuncia en materia de abuso sexual" contra la menor. De acuerdo con Claudia Rangel, en este caso, cuando Regina Zoé fue llevada por su madre al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Puerto Vallarta, el médico legista que iba a practicar la prueba ginecológica a la niña, para acreditar el abuso sexual, ni siquiera la revisó, por lo que el dictamen pericial fue negativo y se favoreció al violador. A otra afectada, Renata Jeanelle, de cuatro años, tampoco "le han garantizado sus derechos de denuncia en materia de abuso sexual cometido por su padre biológico, incurriendo así en anomalías en el procedimiento por parte de Ciudad Niñez y específicamente la agente del Ministerio Público, Mayra Lizette Zepeda Sida”, apuntó la activista. Además, dijo, el agresor de esta niña abusó de otras dos pequeñas, de acuerdo con quejas señaladas en Ciudad Niñez, sin embargo, no se ha girado orden de aprehensión porque las autoridades “desestiman el dicho de menores de cincos años de edad". Gabriela Porras, presidenta de Cetif AC, comentó que como psicólogos su campo es determinar la veracidad del dicho del menor, pero la ley "establece una evidencia (…) y ahí es donde hay inconsistencia (...). No se aceptan los dichos de un menor, pese a que un niño –subrayó-- “no puede inventar lo que en su proceso cognitivo no ha vivido" y, por lo tanto, sería imposible que mintiera sobre su violación. Claudia Rangel dio a conocer que tienen documentada a otra víctima, Erika Sarahí, de cinco años de edad, quien fue obligada a convivir de manera forzada con su padre biológico dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del DIF Guadalajara. Esto "repercutió en el dictamen del Juez Primero de lo Familiar para otorgar la custodia a su progenitor, dejando en total indefensión a su madre biológica de la cual consideramos fue sujeta de actos discriminatorios por su preferencia sexual", agregó.

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