CUERNAVACA, Mor. (apro).- El equipo jurídico del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, trabaja en una serie de contrarreformas para revertir el blindaje que la actual legislatura le tejió al aún mandatario Graco Ramírez, a través de modificaciones y reformas legislativas. De acuerdo con el asesor jurídico del equipo de transición del próximo gobierno, Cipriano Sotelo Salgado, las reformas aprobadas pueden ser derogadas por los diputados locales electos que asumirán el cargo el próximo sábado 1 de septiembre. “Nos da tristeza ver cómo los legisladores han perdido toda vergüenza, toda cordura. Yo no sé qué es lo que estén pensando el día de mañana cuando salgan a la calle; la gente se manifiesta en redes, se manifiesta en tele, se manifiesta en radio. No veo a nadie que salga a defenderlos, pero no puedes defender lo indefendible”, dijo. “Y lo peor de todo es que siguen construyendo protecciones legales, pero que nosotros como abogados sabemos que no representan ningún obstáculo. Así como se crean, se descrean. El legislador construye leyes y deroga leyes. Entonces, si alguien les está haciendo creer que cambiar la Constitución o las leyes los va a blindar, están en un grave error”. Una de las decisiones que más preocupan al próximo gobierno es la que tomó la actual legislatura en relación con la designación del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, vinculado políticamente al gobernador en funciones Graco Ramírez. El Congreso lo designó como fiscal por nueve años y le otorgó la facultad de designar a su vez al fiscal anticorrupción. Hace unos días, confirmó en el cargo a Juan Salazar Núñez, quien trabajó como abogado personal de Graco Ramírez, y luego, como su consejero jurídico durante varios años. “Hemos visto reformas de escándalo, como el hecho de que al Fiscal General del Estado le hayan dado una durabilidad de nueve años en el cargo. Yo no concibo que un fiscal que no fue designado por un congreso y por un gobernador pueda fungir en el mismo periodo”, consideró Sotelo Salgado. En su opinión, la Fiscalía desempeña una actividad “muy, pero muy grave, muy delicada y tiene que tener toda la confianza del gobernador en turno y de los diputados para que le den recursos, que le asignen algunos casos, que políticamente se tomen decisiones que le den gobernabilidad al estado”. No obstante, comentó que, legalmente, “el gobernador en turno puede solicitarle al Congreso en turno la remoción del fiscal sin mayor problema. Si los diputados actuales creyeron que reformando la Ley Orgánica de la Fiscalía y dándole una durabilidad de nueve años, iban a lograr proteger cualquier tufo de investigación penal, están en un error y es tiempo que abran los ojos. Eso no va a generar impunidad”. La actual legislatura otorgó la posibilidad de un salario vitalicio al fiscal general y al anticorrupción, lo que, según el asesor jurídico del equipo de transición, “no es sano para la gobernabilidad que quieran perpetuar a un fiscal, tampoco que le quieran dar un salario perpetuo a cambio de protección. Ni siquiera los jubilados pueden tener un salario de por vida como se lo pretenden dar a todo aquel que ha sido fiscal. Eso es una grosería, es un abuso y es una ofensa para todos los ciudadanos que todos los días salimos a la calle a tratar de conseguir el pan de cada día”. Además, dijo, “no solamente es el fiscal general, sino los fiscales especiales. Estamos hablando que todos aquellos que tengan un nombramiento de fiscal especial van a tener salario de por vida, al 50%, pero de por vida. Esa reforma seguramente habrá que revocarla. Los diputados actuales tendrán la mejor decisión, pero creo que es antimoral, antiético y antijurídico por supuesto”. Reasignaciones “ruidosas” El abogado Sotelo Salgado reveló que la gasolinera que históricamente administraba el Sistema DIF-Morelos, ubicada en las cercanías del mercado Adolfo López Mateos, cerca del centro de la capital, le fue reasignada a la Fiscalía. “Yo no logro entender dónde está la dinámica de que la Fiscalía de Morelos maneje una gasolinera. A ver, si la gasolinera se la dan a la Fiscalía y tiene un fiscal por nueve años ¿qué te dice eso? Pues que no quieren que se investigue por nueve años todo lo que pasó en esa gasolinera. Eso es evidente”, advirtió. Según dijo, Cipriano Sotelo, a la Fiscalía también le dieron el Centro de Evaluación de Policías y Peritos. “¿Qué se hizo en ese centro de evaluación que dependía de la Comisión de Seguridad Pública? ¿Por qué se lo dieron a la Fiscalía para que lo proteja nueve años?, ¿Qué es lo que ocultarán? Eso se va a descubrir”, cuestionó. Otra de las reformas que “hace ruido”, de acuerdo con el declarante, es la presunta desincorporación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el nombrar a su titular por seis años. Para complicarle el camino al próximo gobernador, los legisladores modificaron el proceso de aprobación de reformas constitucionales. Y explicó: “si se reforma la Constitución de Morelos, tiene que dar la anuencia la mitad más uno de los ayuntamientos. A partir de la reforma que propuso este Congreso, se tendrían que dar necesariamente dos terceras partes de los ayuntamientos. Es decir, se la quieren complicar al nuevo Congreso. Eso es evidente”. Según su análisis, “la ‘positiva ficta’ desaparece. Así lo proponen los legisladores, con la finalidad de que tengan que ser forzosamente los presidentes municipales los que se pronuncien a favor o en contra. Va a ser complicado que todos coincidan. También olvidan que se pueden debatir esas reformas. La Constitución federal reconoce la mitad más uno de los estados de la República. Entonces, con la ley en la mano se puede venir abajo esa reforma. Creo que así se hará, hay posibilidades de lograrlo, hay que buscar la salida”, expresó el asesor jurídico de Blanco. Finalmente, Sotelo Salgado señaló que el gobernador electo quiere que se haga una investigación “a profundidad” de todos los temas. Y si alguien tiene alguna responsabilidad, deberá enfrentar una investigación. “No va a faltar un área donde no se haga una auditoria”.