La CEDHC recomienda al ayuntamiento de Villa de Álvarez restablecer ciclovías eliminadas

lunes, 27 de agosto de 2018
COLIMA, Col. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) recomendó al ayuntamiento de Villa de Álvarez restablecer las ciclovías eliminadas de dos avenidas de esa ciudad, con el argumento de que se viola el derecho al desarrollo y movilidad sustentable de los ciudadanos. Dirigida a la presidenta municipal Yulenny Cortés León, la recomendación solicita dar cabal cumplimiento a la Ley de Movilidad del Estado de Colima en lo que se refiere al uso de la bicicleta, además de iniciar un procedimiento administrativo al director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Jesús Bedoya, que fue quien tomó la determinación de suprimir las áreas para la circulación de bicicletas bajo la anuencia del ayuntamiento. Tras recibir quejas de parte de 37 ciudadanos, el organismo humanitario concluyó que les fueron vulnerados sus derechos a la legalidad y al desarrollo y movilidad sustentable, al eliminar las ciclovías existentes en las avenidas Tecnológico y María Ahumada de Gómez, bajo el pretexto de que había muy poca afluencia de ciclistas. La CDHEC ordenó una reparación del daño colectiva, para lo cual “se deberán realizar acciones necesarias para mejorar la infraestructura vial de los ciclistas y se coordinen con la Secretaria de Movilidad y los grupos de ciclistas para implementar programas de apoyo y fomento a la movilidad no motorizada”. Otra recomendación enviada por el organismo al mismo ayuntamiento destaca que se vulneró el derecho a la legalidad de dos adultos mayores, ya que han sido afectados en su tranquilidad y salud debido a que dos establecimientos situados alrededor de su vivienda emiten fuertes ruidos a altas horas de la madrugada. Esos locales, abundó, no cumplen con el horario establecido y permitido en su licencia, y a pesar de ello las autoridades municipales no aplicaron ninguna sanción hacia los dueños. Por lo tanto, la CDHEC demandó que el ayuntamiento emita una disculpa pública dirigida a los adultos mayores afectados, con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de violación a sus derechos humanos, así como la aplicación de las sanciones a quienes se determine como responsables de las violaciones a sus derechos humanos. También se deberán iniciar procedimientos administrativos de investigación, correspondientes a determinar las responsabilidades administrativas o judiciales que resulten en contra de los servidores públicos que incurrieron en tales omisiones, y hacerse cargo de la reparación del daño sufrida en atención al estado psicofísico que presentan y pago de tratamientos médicos.

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