CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La reportera Guadalupe Guzmán Rentería presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra el director de comunicación social del Congreso local Jaime García Moreno por “amenazas” que atentan contra el derecho a la libertad de expresión. La comunicadora que dirige una agencia de noticias denominada Cuadrante Azul, denunció públicamente que García Moreno le ordenó trasladarse de Acapulco a su oficina en Chilpancingo para reclamarle por “un comentario” que hizo Guzmán Rentería en su cuenta personal de Facebook. La reportera dijo que fue víctima de “una serie de amenazas”, lanzadas verbalmente por el servidor público del Poder Legislativo, que fueron calificadas como una intención de condicionamiento de la línea editorial que atenta contra la Libertad de expresión. Este hecho exhibe el nivel de corrupción que impera en la entidad donde no existe regulación sobre el tema de publicidad oficial, y la asignación de convenios a medios y reporteros se realizan bajo criterios discrecionales y en la opacidad, situación que ha sido calificada por las organizaciones Fundar y Artículo 19 como mecanismo de cooptación y censura sutil que vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. La semana pasada Apro informó que los diputados de la LXI legislatura local que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón han destinado más de 17 millones de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios” a medios de comunicación sin criterios transparentes en la asignación de estos recursos públicos. De acuerdo con información oficial, la dirección de comunicación social del Congreso que dirige Jaime García Moreno maneja de manera discrecional y en total opacidad, tres listados donde incluye “convenios” con 117 empresas y particulares por un monto de un millón 303 mil 980 pesos; así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un centenar de reporteros por 110 mil pesos. Incluso, García Moreno adjudicó convenios de publicidad a su propia empresa, llamada Notymás por un monto de más de 400 mil pesos durante los tres años que lleva la actual legislatura local que concluye su periodo esta semana.