SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, Manuel Téllez Bugarín, y el director de la oficina de trámites de la tenencia de la tierra de la misma delegación, Jorge Juventino Tovar Mares, fueron acusados ante la Fiscalía General del estado por representantes del Ejido La Presa del municipio de Villa de Guadalupe de falsificar sus firmas para manejar actas de asamblea del ejido a su nombre. El presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado ejidal de La Presa descubrieron accidentalmente que estos funcionarios figuran en un falso poder que supuestamente les otorgaron ante la oficina del Registro Agrario Nacional en el estado para ingresar documentos en su representación. En estos documentos se falsificaron las firmas de los tres, por lo que acudieron a la Fiscalía asesorados por el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. “Eso les trae graves consecuencias puesto que estos trámites van encaminados a la anuencia de la Presa La Maroma”, proyecto al cual el Ejido se ha opuesto, explicó el abogado Ricardo Sánchez, del Centro Samuel Ruiz. Aunque la construcción de esta presa no ha comenzado, sí se han realizado obras de un acueducto que presuntamente operará con la presa y cuyo tramo pasa por terrenos del ejido, como informó Apro previamente. El abogado Sánchez narró que Teodoro Cárdenas Lucio, presidente del comisariado; Arnulfo García Rada y Juan Francisco García Torres, secretario y tesorero del Comisariado de La Presa, acudieron en días pasados al Registro Agrario Nacional para hacer un trámite, y se sorprendieron cuando los funcionarios del Registro les pidieron presentar la credencial de elector de una persona del ejido que había fallecido varios años atrás, y que supuestamente aparecía en un acta de asamblea. “Cuando preguntan, se les informa que en el Registro Agrario hay un documento fechado el 27 de mayo del 2017, en el que supuestamente cedieron su representación a los funcionarios. Ellos reconocieron el nombre de Jorge Juventino Tovar Mares, de quien saben que es un ingeniero de la Conagua”. En el documento con el nombre del delegado Téllez Bugarín, los integrantes del Comisariado presuntamente le autorizan ingresar al Registro Agrario Nacional “el acta de fecha 5 de agosto del 2017, con el fin de que se inscriba ante esta institución registral, los acuerdos tomados en el punto SÉPTIMO del orden del día, de la citada asamblea ejidal, consistente en la autorización al Comisariado Ejidal, para que firme el convenio para el paso del acueducto de aguas mansas con la CONAGUA, CEA y SAPSAM”. El segundo documento es similar en formato, aunque éste lleva el nombre de Jorge Juventino Tovar Mares y en él “se le autoriza” a registrar el acta de fecha 27 de mayo de 2017, particularmente el punto sexto que se habría referido a la “toma de protesta de los órganos electos”. Por el contrario, los pobladores el Ejido La Presa y habitantes de la región se han opuesto, han protestado y han solicitado amparos con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Centro Samuel Ruiz en contra de la construcción de la presa y del acueducto, pues consideran que se les despojará del agua que por resolución presidencial reciben para sus tierras, animales y consumo personal. Los habitantes de La Presa también han difundido algunos videos en los que se ve que funcionarios de Conagua “dictan” algunos párrafos adicionales a actas del ejido que ya están selladas. El lunes, el Comisariado acudió a la Fiscalía general; los tres representantes se entrevistaron con el fiscal Federico Garza Herrera a quien expusieron la situación y se inició una carpeta en la Fiscalía especial para delitos cometidos por servidores públicos. “Aunque ahí estaba el subprocurador de la Zona del Altiplano, las autoridades del Comisariado le pidieron a Fiscal general que el asunto se lleve en la capital, porque no confían en los funcionarios de la región y además, porque la delegación de Conagua tiene su sede en la capital”, dijo vía telefónica a Apro el abogado Ricardo Sánchez. Recordó que este caso es similar a otros registrados en San Luis como el del proyecto para el confinamiento de desechos tóxicos Palula, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en el que se falsificó un acta de Ayuntamiento en el que supuestamente se otorgaba el permiso de uso de suelo a la empresa responsable del confinamiento. Por esta falsificación existe otra denuncia ante la Fiscalía que presentaron cuatro integrantes del Ayuntamiento por falsificación de firmas y documentos, de la que no se conoce avance alguno.