OAXACA, Oax. (apro).- Comunidades indígenas y organizaciones civiles someterán a “juicio popular comunitario” a empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano, por las 322 concesiones otorgadas para 41 proyectos mineros en Oaxaca, sin consultar a pueblos originarios. El juicio popular comunitario se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces internacionales y peritos expertos en minería, con el propósito de articular las resistencias. De acuerdo con los pueblos afectados, esos proyectos mineros han ocasionado división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares, además de graves impactos ambientales y a la salud de la población. En un comunicado destacaron que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos, de los cuales 41 se encuentran en el estado de Oaxaca. “Ante las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras)”, subrayaron. En una conferencia de prensa realizada frente al templo de Santo Domingo, los representantes de aproximadamente 60 comunidades y más de 30 organizaciones sociales reiteraron la necesidad de articularse entre los pueblos “para exigir el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales”. Explicaron que en el juicio popular se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios, y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto. En su documento detallaron que la Secretaría de Economía otorgó 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, de las cuales derivaron 41 proyectos mineros (tres en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Sin embargo, estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente. Por otro lado, informaron que hay diversas experiencias comunitarias y de organización social, además de la creación de alternativas frente a la minería, como es el caso de Magdalena Teitipac, San José del Progreso y recientemente la Sierra Sur, donde las autoridades de Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan cuestionaron al gobernador y advirtieron que no permitirán la explotación minera. Esto significa que los pueblos y comunidades “están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, sin embargo, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones”. Finalmente, los inconformes lanzaron las consignas: “¡Sí a la vida no a la minería!” “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!” “¡De la sierra hasta el desierto, ni en túnel, ni a cielo abierto!” “¡No queremos anillo de oro ver, queremos tlayuda para comer!”. El documento fue firmado por las comunidades y organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”. Entre ellos se encuentran la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, y Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC). También el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Servicios del Pueblo Mixe; Servicios para una Educación Alternativa, y Tequio Jurídico.