CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) advirtieron que acudirán a tribunales internacionales para revertir la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que desconoce el sistema de seguridad y justicia comunitario de pueblos indígenas y afromexicanos. A través de un comunicado que también suscribieron diversas organizaciones sociales, advirtieron que levantarán la voz contra “los gobiernos racistas” porque no fueron consultados, y llamaron a los ayuntamientos a no avalar esa reforma --elaborada por el gobernador Héctor Astudillo Flores y aprobada en el Congreso local– que violenta derechos humanos de los pueblos originarios. “Ante la aprobación de esta contrarreforma, por esta agónica legislatura, llamamos a los ayuntamientos a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”, expresó la CRAC-PC. Añadió: “Con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”. A finales de julio, Apro informó que diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, MC, PAN, PT y PVEM aprobaron una iniciativa promovida por el gobierno estatal para eliminar de la Constitución estatal el reconocimiento del sistema de seguridad e impartición de justicia indígena que rige desde 1995 en 34 municipios de la Montaña y Costa Chica guerrerense. Además, los actuales legisladores delegaron a los próximos diputados locales, con mayoría de Morena, la responsabilidad de elaborar las leyes secundarias para “delimitar la competencia” de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos con “el sistema jurídico estatal”, con el argumento de que las acciones de la CRAC-PC “se contraponen” con las normas jurídicas actuales, según el dictamen oficial. En contraste, la modificación constitucional deja intacta la estructura paramilitar de los 19 grupos de autodefensa que operan en 50% del territorio guerrerense, a los que Astudillo ha calificado como brazos armados del narcotráfico. Esas organizaciones armadas mantienen retenes en vías de comunicación federales y controlan territorios completos en poblaciones mestizas y urbanas donde el narco se disputa el control de las ganancias de la industria minera, así como las zonas de producción, tráfico y venta de estupefacientes en la entidad, de acuerdo con un análisis del gobierno estatal. Los dirigentes de la CRAC-PC fijaron este miércoles una postura sobre la reforma astudillista avalada por el PRI y aliados: “Hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos”. Destacaron que se trató de una contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, “con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”. Advirtieron que, “ante este golpe artero”, desde la sede de la CRAC-PC, en el municipio de San Luis Acatlán, defenderán con la ley en la mano su modelo ejemplar “que nos ha garantizado la paz y la seguridad” en los territorios. “A pesar de este atraco queremos decirles con la frente en alto que nosotros somos los dueños primigenios de este enclave sureño de vastas riquezas naturales. Somos herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos. En contrapartida, los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo, aquí estamos, de pie para emprender otra batalla más”. De igual manera, recordaron que en 1995 los pueblos indígenas de la Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder. Por ese hecho, que calificaron como “amenaza”, decidieron organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos. “Inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad en un 90%, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”. La respuesta de los de arriba no se hizo esperar: “El gobierno mestizo, que es cómplice de la corrupción, se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos”. Sin embargo, “no cejamos en nuestro empeño de luchar contra este aparato represivo para demostrar que la razón jurídica está de nuestro lado”. La CRAC-PC finalmente logró que las autoridades estatales reconocieran en la Ley 701 que la Policía Comunitaria es “legal y legítima”, y que representa un aporte transcendente que enriquece la pluralidad jurídica del estado y el país, como lo reconocieron los Relatores Especiales de pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Por ello, subrayaron, “esta legislatura de triste memoria” ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitan los na’savi (mixtecos) y me’pháá (tlapanecos), se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático. “Fue en este mismo municipio donde decidimos como pueblos nombrar a nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias”, precisó la CRAC-PC en referencia a la histórica elección por usos y costumbres de julio pasado. “Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del estado y los mismos partidos políticos. No fue una concesión graciosa de los gobiernos ni de los políticos disfrazados de redentores de los pueblos indígenas. Fue un proyecto que nació en la cuna de la rebeldía, en los territorios donde Genero Vázquez sembró junto con los pueblos el ideario de justicia para los pobres”. Los inconformes con la reforma subrayaron: “Los pueblos no somos vasallos de los gobiernos usurpadores ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan. Ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese. Somos sujetos de derecho no objeto de políticas asistencialistas”. Recalcaron que acudirán a tribunales internacionales para defender su sistema de seguridad y justicia “con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas”. El documento está firmado por la CRAC-PC, conformada por las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el Consejo de comunidades damnificadas de la Montaña, y otros colectivos.