COLIMA, Col. (apro).- El presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infocol), Benjamín Luna Alatorre, interpuso un juicio de amparo contra el proceso de selección de un comisionado de ese organismo, y anunció la preparación de uno más contra el nombramiento del fiscal anticorrupción del estado. En el caso del comisionado, Luna Alatorre consideró que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez incurrió en “la violación al deber constitucional y legal de dar publicidad y transparencia en la justificación de la idoneidad de la designación y nombramiento”, que recayó en el abogado Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, quien fungía como secretario técnico y coordinador general de la Consejería Jurídica del gobierno del estado. Informó que la promoción del amparo, al que correspondió el expediente 628/2018, fue aprobada por mayoría de votos del Consejo Consultivo del Infocol. La propuesta de Yáñez Centeno, agregó en entrevista, surgió de un comité en el que participaron directamente altos funcionarios que trabajan y cobran en la misma Consejería Jurídica, incluido su entonces director, Andrés Gerardo García Noriega, quien posteriormente fue nombrado a su vez magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Con el nombramiento de comisionado, abundó, el gobernador incumplió las leyes de transparencia local y federal, que lo obligan a “transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral”, así como “propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia”. También refirió que la Consejería Jurídica del Ejecutivo omitió hacer del conocimiento general la versión pública de los expedientes que se formaron con motivo del procedimiento del nombramiento de comisionado del Infocol, por lo que en el amparo se cuestiona la falta de transparencia, ausencia de publicidad e ilegalidad del procedimiento desarrollado y del dictamen emitido para la designación. En relación con el nombramiento de Héctor Francisco Álvarez de la Paz como fiscal anticorrupción del estado, Luna Alatorre cuestionó el hecho de que hace dos años era secretario de Acción Electoral del PRI en Tecomán, y apenas en marzo de 2018 tomó protesta como presidente de “la supuesta” federación de colegios y barras de abogados Rey Colimán A.C. Lo grave del asunto, sostuvo, es que Héctor Francisco Álvarez formó parte del comité de revisión de los perfiles idóneos para ocupar el puesto de fiscal general del estado y de fiscal anticorrupción, donde se autopropuso y fue designado por el gobernador. De igual manera, denunció que los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del estado de Colima, presidido por Rodrigo Marmolejo González, se autoasignaron un ingreso mensual de 40 mil pesos, que después fue elevado a 70 mil pesos, además de que con el presupuesto del organismo realizarán el pago directo de un programa que ellos mismos crearon. “¿Qué clase de ciudadanos enmascarados son estos? Son más de lo mismo, pues al recibir tan cuantiosas cantidades son personas al servicio de quien les paga, lo que hacen en forma por demás descarada y corrupta”, puntualizó. Respecto del nombramiento de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el mandatario promovió a la juez de lo familiar Leticia Chávez Ponce, quien --según Benjamín Luna-- “faltó a su deber y a la ley”, por lo que fue amonestada con motivo de una queja interpuesta por Anna María Alatorre Coll. A juicio del presidente del Consejo Consultivo del Infocol, el gobernador ha hecho “un circo” de los nombramientos de fiscales, comisionados y magistrados, realizados en las últimas semanas, donde “en forma descarada toma a sus empleados para colocarlos como parte de los organismos que van a vigilar su propia actuación”. Añadió: “Pareciera que en Colima, para ser miembro de un organismo del aparato de justicia, de transparencia y anticorrupción, es haber sido directivo del PRI o haber sido empleado directo del gobernador, por lo que el sistema anticorrupción es ‘prianista’, y lo peor que sucede es que el Congreso ratifica las propuestas del gobernador. “No digo si las personas son idóneas o no, sino de la falta de transparencia de este proceso; la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rechazó al presidente de la República la propuesta de magistrados anticorrupción porque envió únicamente su currículo, pero no se publicaron los expedientes”. Llama la atención, dijo, que después de haberse tardado más de un año en llevar a cabo los procedimientos de nombramiento de algunos de los puestos, el gobernador mostró la prisa y “el sinvergüenza atraco a la transparencia” para nombrar “con rapidez inusitada a todos los que van a revisar lo que hace su gobierno en el contexto anticorrupción y de transparencia”, antes de que inicie funciones la nueva legislatura que tendrá mayoría de oposición.