CUERNAVACA, Mor. (apro).- La organización Morelos Rinde Cuentas realizó una investigación para determinar la ruta que siguieron los dineros destinados a la reconstrucción en la entidad, y concluyó que no existe transparencia en su aplicación. Destacó que el total de recursos desembolsados ascendió a siete mil millones de pesos: mil 300 millones del gobierno estatal y 5 mil 757 millones de la federación, pero nadie sabe dónde fue a parar ese dinero. Respecto de los donativos que hicieron empresas de la iniciativa privada para apoyar los trabajos de reconstrucción, no existen datos registrados, o no fueron proporcionados a quien los solicitó. Además, no se hizo pública información de las constructoras que participan en la reconstrucción y tampoco de las casas de materiales que fueron propuestas. Roberto Salinas Ramírez, codirector del organismo, dio a conocer que realizaron una búsqueda y un análisis sobre los fondos públicos y privados que se destinaron a la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre pasado. Constataron que la información es prácticamente nula y la que existe es deficiente en el ámbito estatal y no existe en el ámbito de los ayuntamientos. En su búsqueda consultaron la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, así como las bases de información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). También se revisaron datos disponibles en el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos. La deficiente información, la opacidad y la falta de claridad en las cifras --tanto en recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de los daños-- no garantiza a los ciudadanos la certeza del desempeño de los gobiernos en la atención al siniestro, más allá del discurso, acusó Juan Cintrón Patterson, presidente del Consejo Directivo del Centro Morelos Rinde Cuentas. Y Salinas Ramírez aseguró que la información sobre el dinero estatal, municipal, federal, y de las aportaciones privadas para la reconstrucción de los lugares afectados, no está completa, por lo que no se pude saber con certeza que aplicación se dio a los recursos económicos. Para ilustrar lo anterior, el investigador aseguró que existen dos bases de datos de los damnificados. Una la realizó el gobierno federal y otra el estatal. En la primera se reportaron 15 mil 800 beneficiarios del Fonden, mientras que en la base de datos estatal se registró a 15 mil 245 beneficiarios apoyados por el organismo creado ex profeso, Unidos por Morelos. Entre las irregularidades detectadas destaca el caso de 22 familias que fueron apoyadas con 175 mil pesos para reconstruir sus viviendas, pero las reglas de operación impusieron como tope máximo 120 mil pesos. “No existe información que justifique el alza en el monto de los apoyos para esas familias”, sostuvo Salinas. Entre otras cosas, la denuncia también establece que no existe información sobre las aportaciones en dinero o en especie realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, se sabe que el grupo Averanda donó al Fondo Estatal para la Reconstrucción 4.2 millones de pesos, depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta a nombre del gobierno del estado, en banco Banorte, pero seis días después fueron retirados y no existe información sobre el destino de ese dinero. Sobre el número de escuelas afectadas en la entidad, el gobierno federal reportó mil 345 planteles, pero la Secretaría de Obras del gobierno estatal aseguró que se contabilizaron mil 193 escuelas dañadas. Frente a esta situación, Morelos Rinde Cuentas propuso, entre otros puntos, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, en forma inmediata, información completa y en formato de datos abiertos, así como los beneficiarios y el listado de obras públicas.