COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar las irregularidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “que violentando la Ley de Vías Generales de Comunicación” expidió las prórrogas de concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo, donde se encuentra la caseta de peaje de Cuyutlán. Mediante un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, la Legislatura solicitó investigar e instaurar procedimientos de responsabilidad en contra de cada uno de los titulares de la SCT que expidieron las ampliaciones a la vigencia del título original de concesión a partir de 1990. Según el documento, todas las prórrogas otorgadas en ese lapso fueron irregulares, por lo que “es obvio que (los funcionarios) incurrieron en responsabilidad al realizar conductas indebidas en perjuicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio pueblo de Colima”. Ante una iniciativa presentada por el diputado Nabor Ochoa López, el Congreso local pidió a la ASF indagar a los funcionarios implicados y tomar en consideración una denuncia de hechos presentada ante ese órgano fiscalizador por las irregularidades administrativas. En el exhorto se solicita instaurar procedimiento de responsabilidad contra Andrés Caso Lombardo, quien en enero de 1990 era titular de la SCT y en esa fecha se otorgó la concesión a la persona moral denominada “Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V.” Con el mismo funcionario al frente, esa dependencia celebró un adéndum al contrato de concesión, ampliando al plazo de vigencia de la concesión otorgada por un lapso de 14 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990. Conforme el recuento realizado en las argumentaciones del exhorto legislativo, el 31 de mayo de 1994 la SCT, por conducto de su titular Emilio Gamboa Patrón, autorizó una segunda ampliación por un término de 24 años siete meses, a partir del 9 de noviembre de 1990. Para el 3 de febrero de 2006 se otorgó otra modificación al título de concesión, mediante el cual Pedro Cerisola y Weber, como titular de la dependencia, autorizó una ampliación del plazo de vigencia de la concesión por un término de 30 años, contados a partir de la misma fecha. El 19 de noviembre de 2010 se celebró una modificación más al título de concesión, mediante el cual la SCT, por conducto de su titular Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció que a la concesionaria le faltaban por recuperar mil 730 millones 641 mil 884 pesos, así como un cargo adicional por la cantidad de 400 millones de pesos. Estos 400 millones de pesos se desprenden de que el 15 de marzo de 1990 la SCT otorgó a Autopistas Concesionadas del Altiplano (AUCAL) la concesión para construir, explotar y conservar el subtramo de 22 kilómetros de San Martín Texmelucan-Tlaxcala. Dicha concesión presentó problemas que afectaron su desarrollo normal, por lo que la dependencia federal resolvió retirar los derechos a AUCAL y los cedió a la misma concesionaria que tiene los derechos en la caseta de Cuyutlán. Por esos derechos, la operadora de Cuyutlán entregó a AUCAL un monto de mil millones de pesos como contraprestación por las referidas cesiones. Aunque Molinar Horcasitas falleció el 20 de mayo de 2015, el Congreso consideró que debe investigarse a quien o a quienes resulten responsables de las irregularidades administrativas en las que hubieran incurrido funcionarios de la SCT cuando él estuvo al frente de la dependencia. El 25 de febrero de 2011, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, entonces titular de la SCT, le otorgó el derecho de solicitar una prórroga hasta por 30 años más al concesionario de la caseta de Cuyutlán, para que el periodo de la concesión feneciera hasta el 9 de febrero de 2050. En cuanto al actual titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, se pide a la ASF instaure el procedimiento de responsabilidad, pues “no obstante las irregularidades administrativas en el otorgamiento de las ampliaciones de la concesión, no ha procedido a declarar su nulidad, solapando ilicitudes contra el pueblo de Colima”. Actualmente ese tramo carretero es operado, a través de la caseta de Cuyutlán, por Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V. (Pinfra), del empresario David Peñaloza Alanís.