ONG exigen sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez y protección a menores de albergue en Salamanca

martes, 4 de septiembre de 2018
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes anunciaron que pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Papa Francisco para impedir que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías recupere y vuelva a operar un centro de asistencia como Ciudad del Niño de Salamanca, y en cambio, sea investigado y sancionado por los abusos a menores de ese albergue, detectados y documentados en un proceso judicial. Ante la reaparición del sacerdote y su intención de que el DIF estatal le devuelva el inmueble donde operaba Ciudad del Niño de Salamanca, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la organización Desability Rights International y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES) denunciaron en conferencia de prensa en la Ciudad de México la complacencia del gobierno del panista Miguel Márquez Márquez y lo acusaron de proteger al sacerdote e incumplir con la protección de los menores y adolescentes que estaban albergados en la Ciudad del Niño. “Nuestro llamado de alerta, urgente y exigencia es que no se permita la impunidad al fuero clerical. Sabemos que como en otros países del mundo, la impunidad en México de los sacerdotes es enorme. Pedimos que el Papa Francisco volteé a ver a México y vea que hay muchos casos; a Pedro Gutiérrez, con dos décadas de denuncias, el gobierno de Guanajuato lo sigue protegiendo y me parece increíble que la PGR tampoco haya avanzado en las denuncias”, dijo Juan Martín Pérez García, presidente de la REDIM. Las autoridades de Guanajuato y el gobierno federal “van en contra del interés superior de la niñez protegido por el artículo cuarto constitucional”, dijo. La Ciudad del Niño de Salamanca fue asegurada con cerca de 70 menores a mediados del año pasado, luego de que una resolución de la jueza federal Karla Macías Lovera en un juicio de amparo reveló una serie de abusos, maltrato, posibles abusos sexuales e incluso indicios de trata de personas dentro del centro de asistencia. Resultó que la Ciudad del Niño de Salamanca es uno de varios albergues fundados y operados por el sacerdote Gutiérrez Farías en Guanajuato y en Michoacán, que recibieron durante años recursos públicos y privados sin contar con permisos, supervisión o registros oficiales, por ejemplo, ante el Sistema DIF de Guanajuato. Además, la jueza encontró 170 actas de nacimiento de niños y niñas con los apellidos del sacerdote y de dos monjas que lo auxiliaban en los centros de asistencia; es decir, menores a quienes les fueron cambiados los apellidos y fueron registrados como si fueran hijos del sacerdote y las monjas, tal y como lo hizo Rosa Verduzco en Zamora, Michoacán, con el albergue que operaba como “Mamá Rosa”. Al hacerse público esto, el gobierno del estado se vio obligado a intervenir y tomó posesión del centro de asistencia por medio del DIF, que para ese momento tenía a unos 67 menores albergados. Sin embargo, según lo expresado este martes por el presidente de la REDIM Juan Martín Pérez, por Lisbet Brizuela de Disability Rights International y Alicia Vargas del CIDES IAP, además de que el sacerdote Gutiérrez Farías nunca fue llamado a declarar ni presentado en las investigaciones iniciadas por la Procuraduría de Justicia, éstas no han llevado a un castigo efectivo a los responsables. “Está la evidencia sólida y documentada de la sentencia de la juez Karla Macías da cuenta no sólo de las condiciones de este establecimiento sino de la complicidad hasta el alto nivel, gobernador Miguel Márquez, secretario de gobierno y procurador, que han dado un uso político y niños y niñas, dejándolos de rehenes del sacerdote en este caso. Hacemos un llamado al Papa para que no deje impunes estos hechos; no al fuero clerical”, señalaron. En cuanto a los menores que permanecieron hasta hace unas semanas en el centro de asistencia, “estuvimos investigando sobre las condiciones en que estaban viviendo una vez tomadas por las autoridades del DIF y encontramos que no son muy distintas a las que se habían documentado anteriormente”, dijo Lisbet Brizuela. Señaló que el gobierno de Guanajuato se ha negado sistemáticamente a recibir supervisión o la visita de las organizaciones que intervinieron, incluso en la apertura de una carpeta por el mismo caso ante la PGR, misma que permanece abierta en la Fevimtra. “Hicimos visitas a autoridades de Guanajuato y Michoacán y no recibimos colaboración… el gobernador Márquez, que promueve el castigo corporal a niños y niñas, salió a defender al sacerdote Pedro Gutiérrez”, dijo el presidente de la Red por los derechos de la infancia. En todo este tiempo, dijeron, el sacerdote Pedro Gutiérrez y su abogado “han generado junto con el gobierno del estado un ambiente adverso para las víctimas, algunas de las cuales fueron amenazadas de muerte si daban testimonio en contra del sacerdote, otras evitaron declarar y también se denunció a organizaciones y activistas locales que se sumaron a la denuncia” como el centro NIMA. En los últimos meses, niñas y niños que permanecían en el centro fueron llevados a otros albergues “y seguimos sin tener acceso a ellos, claramente para que no se conviertan en testigos contra este sacerdote”, expusieron. Ante todo esto, las organizaciones tomaron la decisión de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para en principio solicitar medidas cautelares para proteger a los menores que fueron transferidos a otros centros, “puesto que el gobierno del estado no nos refiere que estén en mejores condiciones”, así como el acceso inmediato a las víctimas para monitorear y evaluar su estado actual. “Nos preocupa enormemente su estado, hemos buscado el acceso y se nos ha sido negado varias veces. Se tiene que reintegrar mediante plan individualizado a las víctimas que tienen entorno familiar, familia extendida, familia sustituta, y con mecanismos efectivos de monitoreo. Requerimos también investigar en su totalidad los hechos manifestados y las investigaciones previas e investigar y sancionar a todos los responsables, en cumplimiento a la sentencia de amparo 475/2016-8. Seguiremos insistiendo para que se haga justicia en este caso”, concluyeron.

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