CANCÚN.- Con la oferta del “gobierno del cambio”, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien se postuló por la alianza entre PAN y PRD, llega este sábado a su segundo informe en medio de una violencia creciente en Cancún, el principal destino turístico del País, y con su bono electoral casi agotado ante el triunfo de Morena en los comicios del 1 de Julio. Exdiputado federal, exalcalde Playa del Carmen y exsubsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González se convirtió en el primer gobernador no priista de la entidad, de la mano del “Frente por Quintana Roo”, que no logró siquiera retener al menos alguno de los tres municipios ganados apenas dos años antes. Tras romper con el PRI, fue arropado por el PAN y PRD, alianza que además ganó los municipios de Othón P. Blanco, donde está Chetumal, la capital del estado; Solidaridad, en la que está la Riviera Maya y Cozumel, el principal puerto de cruceros del País. El mandatario es hijo de Nassim Joaquín Ibarra, icónico empresario de padres inmigrantes libaneses y medio hermano Pedro Joaquín Coldwell, quien también gobernó la entidad de 1981 a 1987. Durante la carrera por la gubernatura de Quintana Roo, el PRI postuló a Mauricio Góngora Escalante, expresidente municipal de Solidaridad y extitular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), afín al grupo político del exgobernador Félix González Canto. En campaña, Carlos Joaquín González fue objeto señalamientos tanto en redes, al igual que en medios tradicionales. En algunos actos públicos se registraron connatos de violencia y no obstante, el aliancista obtuvo 263 mil 793 votos, el 45 por ciento el total de la votación, frente a 211 mil 398 de Góngora Escalante para llegar a suceder a Roberto Borge Angulo, hoy preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), de Morelos, por corrupción. Durante su toma de protesta, el hoy gobernador hizo un llamado a recobrar la confianza ciudadana en una alusión velada al rompimiento de la hegemonía de un grupo político que, durante 11 años encabezaron Félix González Canto y Roberto Borge, cuyo saldo más dramático fue una deuda de 21 mil millones de pesos, la más alta de las 32 entidades federativas per cápita en su momento. Pero en tan solo dos años, Joaquín González perdió casi todo su bono democrático. Si bien no milita ni en el PAN ni el PRD, como coordinador de campaña del “Frente por México” en Quintana Roo, fue designado el diputado “independiente”, tránsfuga del PRI, Juan Carlos Pereyra Escudero, quien fuera su secretario cuando fue alcalde de Playa del Carmen, de 2005 a 2008. El desastre fue total para el “Frente por México” y para el “Frente para Quintana Roo”, en estas elecciones que fueron concurrentes en Quintana Roo, pues paralelamente hubo comicios para renovar los 11 ayuntamientos de la entidad. Morena y sus aliados ganaron las dos senadurías de mayoría y todas las diputaciones en los cuatros distritos legislativos federales de la entidad, que estaban en poder del PRI. Pero el Frente no logró retener los municipios que, en 2016, ganó la alianza PAN y PRD. En Cozumel, la panista, Perla Tun y en Solidaridad, la expriista sin partido Cristina Torres no logaron reelegirse. Aunque quizá la derrota más amarga de González ocurrió en el municipio de Othón P. Blanco, en donde hace dos años obtuvo un tercio de los votos. Si bien se logró la detención de Roberto Borge y algunos funcionarios de su administración como Mauricio Góngora, algunos han quedado libres con la reparación del daño, como el caso del extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo o han obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria “por problemas de salud”, como el secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti. Miguel Ramón Martín Azueta, exjefe de la oficina del gobernador y excandidato del Frente a diputado, reconoció que el 1 de julio sí hubo voto de castigo por parte de la ciudadanía contra el gobierno que encabeza González. “En el caso específico del gobernador podrá tener una línea y podrá tener un objetivo muy claro, pero quizás muchos de los funcionarios no están coadyuvando a que ese propósito de cambio que él trae se esté logrando”, dijo Azueta. A su segundo informe, González llegará con el mes y los últimos dos años más violentos en la historia de Quintana Roo, en particular en Cancún, que, entre costos ha significado alertas de viaje de países como Estados Unidos, el principal mercado de turístico de la entidad. El pasado mes de agosto fue el más violento en la historia reciente de Cancún al registrarse 66 ejecuciones, una cada 11 horas. Abril se situó como el segundo más violento con 60 personas ejecutadas. En lo que va de este año la cifra de ejecuciones llegó a 381, número que supera ampliamente todo el registro de 2017, con 227 muertes violentas relacionadas al narcotráfico. En 2016, en el último año de la administración de Roberto Borge, las ejecuciones en Cancún alcanzaron la cifra de 61 casos. Según estadísticas de 2015 y 2014 en Cancún se registraron 37 y 21 muertes violetas, respectivamente. Frente a esta violencia, sin control, son cada vez más las protestas en las calles, en las que además se pide, por lo menos, la destitución de los titulares de la Fiscalía General Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen y del gobierno, Francisco López Mena. Por si fuera, poco, el segundo informe de Joaquín González está enmarcado por la invasión de sargazo, que se presentó durante la temporada de verano, y que puso en jaque a prestadores de servicios turísticos, desde Cancún, hasta al puerto de Mahahual, en el sur del estado. El problema ya se había presentado en 2015, pero en 2018 retornó con mayor intensidad y tomó por sorpresa a las autoridades locales que colocaron “barreras” en el mar para evitar que la masa de algas llegue a las playas. Sin embargo, la medida pareció ser un fracaso, pues tras la colocación de las primeras barreras frete a las costas de Playa del Carmen, el sargazo llegó a las playas de la Riviera Maya. No obstante, el gobernador señalo que se no se trata de un fracaso, sino que es una etapa “prueba y error”. Las vallas reportan un avance de 1.5 kilómetros en Cancún, donde llegarán hasta siete; y en Playa del Carmen serán 4.5 kilómetros. Pero, la combinación de inseguridad y sargazo se ha traducido en afectaciones a la actividad turística de la entidad, según empresarios, aunque la titular de la Secretaría estatal de Turismo, Marisol Vanegas, ha insistido en minimizar los daños El consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rafael del Río, advirtió que tanto la inseguridad como el excesivo arribo de sargazo afectan en igual medida la imagen del Caribe mexicano e impactar en la llegada de turistas. “En la situación turística hotelera, si nos está afectando el sargazo, digamos en casi la misma proporción que la violencia, quizá un poco más directa, porque llega el turismo y a través de las redes sociales informa a sus amistades en sus lugares de origen que se encontró con este problema”, resaltó. Y en medio de una comparada situación, Carlos Joaquín volverá estar a prueba en 2019, pues se renovará la legislatura, que cubrirá la segunda y última parte de su sexenio.