Muerte de jubilado al que se le habría negado la atención médica aviva polémica en Colima

martes, 15 de enero de 2019 · 22:10
COLIMA, Col. (apro).- La muerte de un profesor jubilado, al que presuntamente se le negó el servicio médico en un hospital particular por un adeudo del gobierno estatal, reavivó la polémica por la discrepancia existente entre la Ley de Pensiones Civiles que prevé atención privada para los miembros de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la recién aprobada Ley de Austeridad, que prohíbe la contratación de servicios de salud particulares para los servidores públicos. A través de las redes sociales circularon hoy reclamos al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, cuya administración fue responsabilizada de la muerte del profesor por no haber cubierto las deudas con una clínica privada que, según versiones, se negó a atenderlo y posteriormente perdió la vida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A su vez, el secretario general de la sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares Ochoa, anunció que algunos planteles escolares decidieron suspender labores este 15 de enero debido a la inconformidad por el fallecimiento del maestro, aunque aclaró que no será un movimiento generalizado, pues la dirigencia que él encabeza busca agotar el diálogo con las autoridades estatales. Al respecto, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que reconoció que existen “adeudos históricos en el pago a médicos y clínicas” que brindan servicios a trabajadores adheridos a la Sección 39 del SNTE, pero aseguró que “se trabaja en la regularización de los mismos y esta situación no sería justificante para la violación a una obligación constitucional” de otorgar servicios médicos de emergencia, si es que los hechos ocurrieron como se ha denunciado. Indicó que si la clínica incurrió en esa falta “el gobierno del Estado condena enérgicamente esta situación y brinda todo su apoyo a los familiares para que interpongan su denuncia tanto en el Ministerio Público como en la Comisión de Arbitraje Médico”. Mientras tanto, en declaraciones al portal Archivo Digital, Enrique de Jesús Rivera Torres, director del Centro Médico de Colima —nosocomio al que inicialmente fue llevado el profesor fallecido—, negó que esa institución haya omitido brindar los servicios médicos. Indicó que el paciente llegó infartado y se atendió la urgencia, pero en el momento en que iba a ser pasado a cateterismo llegó su cardiólogo de confianza y, aunque esa clínica cuenta con todo lo necesario para atender esos casos, se lo llevó a otro hospital, donde le pusieron un estent, se complicaron las cosas y finalmente murió en el IMSS. En su comunicado, el gobierno estatal dijo que durante la actual administración se han hecho esfuerzos para mejorar los controles en el otorgamiento de servicios médicos a trabajadores de la Sección 39, a través de acciones como credencialización de derechohabientes, así como la próxima implementación de contratos con médicos y clínicas que brinden los servicios, pues durante años se careció de esta figura legal que garantiza el pago tanto a quienes brindan el servicio como la obligación de brindarlo. No obstante, “la falta de control y la mala administración que durante años se tuvo de este servicio, entre otras problemáticas, originaron que quienes no eran derechohabientes accedieran a esta prestación, limitando la capacidad de pago del gobierno del Estado”. Según el dirigente de la Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares, los servicios médicos privados para los integrantes de ese sindicato no son una canonjía que haya dado el gobierno del Estado a los trabajadores de la educación en la actual administración estatal, sino que forma parte del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que es un derecho que se ha ganado a lo largo de los años de la lucha sindical. Por su parte, el diputado morenista Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, dijo que conforme a la Ley de Austeridad los legisladores analizarán la manera en que se les otorgará el servicio médico, a través del IMSS o del ISSSTE, a los trabajadores del magisterio adheridos a la Sección 39 del SNTE. Precisó que garantizarán el derecho a la salud de todos los trabajadores, pero “se debe regularizar, fiscalizar, se tiene que ver en qué se gasta, creo que también debemos ser parejos, no puede haber maestros de primera y de segunda”. Aclaró que ellos como diputados tampoco se autorizarán servicios médicos privados, “nosotros cuando nos enfermamos a veces vamos con el yerbero o hasta a similares y lo pagamos nosotros”.