Promulga Del Mazo abrogación de ley que transformaba pensiones en Afores

miércoles, 2 de enero de 2019
TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobernador Alfredo del Mazo publicó en Gaceta de Gobierno la abrogación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (Ley ISSEMyM) que, entre otras cosas, convertía el sistema solidario de pensiones de la burocracia mexiquense en Afores. La abrogación del decreto 317 fue concretada el pasado 6 de diciembre por la mayoría de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y el Verde Ecologista (PVEM) en la Legislatura local, y el gobernador contaba con un periodo de un mes para promulgarla o, en su defecto, vetarla. La abrogación fue publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno con fecha 31 de diciembre de 2018. En su momento, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) votaron contra la abrogación, y los dos diputados del de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron. El decreto 317 fue promovido por el gobernador Alfredo del Mazo a finales de la anterior Legislatura con mayoría priista y promulgado el 10 de agosto de 2018, bajo el argumento de insuficiencia de recursos para garantizar la operatividad del sistema estatal de seguridad social ante el engrosamiento de los servidores públicos pensionados y el adelgazamiento de quienes cotizan. El grupo parlamentario de Morena se comprometió a elaborar una nueva Ley que afronte y atienda de fondo la crisis financiera del Instituto, pero no afecte los derechos de los trabajadores, y que tome en cuenta sus opiniones y participación. Aquella reforma, arguyeron los morenistas, era poco solidaria y atentaba contra los derechos de los trabajadores tutelados en los tratados internacionales y la Constitución del país. La reforma del 10 de agosto, dijeron, fue construida unilateralmente, sin tomar en cuenta el punto de vista de los derechohabientes, era contraria al derecho a la adquisición de una pensión digna, liberaba al patrón de responsabilidades por riesgo de trabajo, pauperizaba pensiones y servicios médicos en detrimento también de los dependientes del trabajador, y sólo beneficiaba a los banqueros. Hasta que la nueva Ley sea construida con la participación de especialistas y trabajadores, y aprobada (lo que podría ocurrir en abril de este año), se mantendrá en vigor la Ley de 2002.

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