Vuelven a demandar por cremación de cuerpos de Martha Erika y Moreno Valle

martes, 15 de octubre de 2019 · 22:39
PUEBLA, Pue., (apro).- Tres ciudadanos presentaron de nueva cuenta una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir que se finquen responsabilidades en contra de los funcionarios públicos que autorizaron la cremación de los cuerpos de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle. Según los ciudadanos Carlos Meza Gutiérrez, Germán Benítez Márquez y Guillermo Medina Álvarez, este hecho constituyó un delito porque con ello se desaparecieron pruebas o vestigios de un caso que aún es sujeto de investigación y, en el cual, aún no ha quedado descartada la hipótesis del atentado. De acuerdo a la denuncia, este hecho contraviene los artículos 421, fracción XXXIV, 424 y 437 del Código Penal del Estado de Puebla que se refieren a delitos cometidos por servidores públicos en cuanto a la administración de justicia y otros ramos del poder público. En dicho apartado se establece que es delito que afecta la procuración y administración de justicia, el “alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”. El código penal establece una sanción de cuatro a diez años de cárcel y de mil a dos mil días de salario mínimo para el servidor público que incurra en este delito. Cabe señalar que ya en enero de este año, el ciudadano Guillermo Medina había presentado una denuncia en estos mismos términos que fue desechada por la FGE. El abogado Alberto Peralta Merino explicó que no hay impedimento legal para volver a presentar una nueva denuncia por los mismos hechos, ya que el delito aún no prescribe y no se puede considerar que se juzga dos veces por el mismo ilícito, pues por la primera denuncia ni siquiera se inició un juicio. Cabe recordar que los cuerpos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle fueron cremados cuando aún no transcurrían ni siquiera 24 horas de su muerte, ocurrida al desplomarse el helicóptero en el que viajaban la tarde del 24 de diciembre de 2018. “Dado que el suceso ocurrió en el contexto de toda una fenomenología político-electoral de gran impacto estatal y nacional, era fundamental que se conservaran todos los vestigios, porque todos ellos eran materia de minuciosa investigación para determinar las causas del suceso”, advirtió el abogado. Máxime, refirió, cuando aún el caso no se ha esclarecido y a la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha encontrado ningún indicio de falla en la aeronave que explique su desplome. En entrevista, el abogado señala que esta incineración “exprés” de los cuerpos, se suma a las dudas que han surgido sobre si realmente se practicaron las necropsias correspondientes a las cinco víctimas del percance, incluidos los dos pilotos y el asistente de Moreno Valle, quienes también viajaban en el helicóptero. Esto, luego de que en el acta de defunción de ambos políticos poblanos, se estableció como hora de muerte las 17:25 horas de ese 24 de diciembre, cuando el percance ocurrió entre las 14:36 y las 14:39 horas, es decir, casi tres horas antes. De acuerdo al abogado, esto pone en duda si realmente se realizaron las autopsias, con lo cual el médico forense habría establecido una hora de muerte más acorde a los hechos. Igual, Peralta Merino hizo referencia a las recientes revelaciones que hizo el periodista Ciro Gómez Leyva en sus redes sociales, quien aseguró que fue el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, quien se comunicó con los familiares de Moreno Valle y Alonso Hidalgo para ofrecerles la “dispensa de la autopsia”, lo cual supuestamente fue rechazado por los parientes. Igual, de acuerdo a esto, habría ofrecido la cremación de ambos, lo cual sí fue aceptado por las familias. El abogado refirió que Rodríguez Almeida no ha desmentido esta revelación de Gómez Leyva, lo cual coloca al exfuncionario como posible responsable de estos hechos, pues en principio no le correspondía decidir sobre un asunto de la Fiscalía General del Estado que se supone es autónoma. Además, añade, aunque lo hubieran solicitado los familiares, el Ministerio Público debió negar la cremación de los cuerpos, pues ninguna hipótesis sobre el percance estaba desechada en ese momento, ni se ha descartado a la fecha.

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