CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó atraer el amparo interpuesto por la organización Tojil Estrategia contra la Impunidad, para que se le reconozca como “víctima” en los casos de corrupción y desfalcos protagonizados por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En un comunicado de prensa, Tojil señaló que el máximo tribunal del país “dio un paso atrás en la lucha contra la corrupción” al no atraer el recurso que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la sentencia que se le concedió a la organización en junio pasado. “El asunto deriva de un amparo histórico que cuenta con todas las características de importancia y trascendencia para que el máximo tribunal se pronuncie y establezca un criterio progresista, en el que se reconozca que en delitos de corrupción la víctima somos todos y que nuestros derechos deben hacerse valer durante los procedimientos”, puntualizó. Sin embargo, debido a que ninguno de los ministros de la primera sala decidió hacer suya esta petición, abundó, el caso será resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en esta ciudad. Será el que tenga la última palabra en el caso Duarte “y la posibilidad de sentar el precedente más relevante a nivel nacional e internacional sobre cómo deben investigarse los delitos de corrupción.” En junio pasado, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, encabezado por Juan Mateo Brieba Castro, otorgó a Tojil la calidad de víctima en la carpeta de investigación de la entonces Procuraduría General de República (PGR) en contra del exgobernador priista, quien purga una condena de nueve años de prisión. Es decir que, con dicha sentencia, la asociación tendría la oportunidad de acceder a la investigación por delitos contra la administración de la justicia y cohecho. La denuncia por ese delito fue presentada por la misma organización. “Nuestra lucha no termina con esta decisión de la Corte. Seguiremos trabajando hasta que el Poder Judicial reconozca que todos los mexicanos somos víctimas de la corrupción y que sólo con la participación de la sociedad civil lograremos que estos delitos no queden impunes”, dijo Adriana Greaves cofundadora de Tojil. En octubre del 2018, la PGR abrió una investigación contra Duarte de Ochoa por “posibles hechos de corrupción”, y notificó a Tojil Estrategia contra la Impunidad que había dado inicio “a los actos de investigación necesarios”. En un comunicado, Tojil precisó que la PGR le informó del inicio de la investigación por los posibles delitos de cohecho y contra la administración de justicia en contra de los servidores públicos involucrados dentro del procedimiento abreviado en el que fue condenado Duarte. Destacó que en caso de que se le reconozca la calidad de víctima dentro del procedimiento penal, ya sea por el Ministerio Público federal o por un juez, “generará un gran precedente en materia de transparencia y acceso a la justicia en los casos vinculados a corrupción en México”. Desde entonces ha buscado que la PGR, ahora FGR, valide tener acceso a todo el expediente de investigación e incluso solicitar que se realicen actos de investigación como coadyuvante del Ministerio Público y así evitar negligencias o irregularidades.