MONTERREY, N.L., (apro).- El Congreso de Nuevo León aprobó, con votación dividida, una ley de “objeción de conciencia” para que los médicos puedan negarse, por voluntad, a atender casos que afecten su moralidad, como podría ser la prestación de auxilio a homosexuales y lesbianas. Como excepción se establece que no podrán excusarse de intervenir los facultativos cuando esté en peligro la vida del paciente. El gobierno de Nuevo León anunció hoy que vetará la enmienda propuesta, pues es discriminatoria, ya que los doctores y las enfermeras podrían negarse, amparadas en esta figura jurídica, a atender personas de la comunidad LGBT, indígenas o migrantes. Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que esta reforma puede ser utilizada para efectuar prácticas discriminatorias y llamó al Estado a vigilar que ninguna persona deje de recibir atención, si se aplica la nueva ley. Por el Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, el activista gay Mario Rodríguez Platas consideró que esta ley “está hecha con las patas”, pues contraviene artículos constitucionales y de la legislación local, y deja el campo abierto a que se refuerce la discriminación que ha sido combatida en los últimos años. Contradicción a principios éticos y morales De acuerdo a la modificación a la Ley Estatal de Salud del Estado, aprobada el pasado 15 de octubre, con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la objeción de conciencia se encuentra contemplada en la declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, que en su Artículo 18 que se refiere a la libertad de pensamiento religión o creencia. La reforma por adición al Artículo 48 de la mencionada legislación estatal, que fue presentada por el diputado Juan Carlos Leal, quien solicitó licencia al puesto, también se respalda en el Artículo 5 de la constitución general de México, que señala que nadie puede trabajar “sin justa retribución y sin pleno consentimiento”. Además, apela al 24 de la misma Carta Magna que dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. De esta forma el nuevo artículo propuesto señala: “IV.- El personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional”. Se define, para esta enmienda, la objeción de conciencia como “el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales”. “La libertad de pensamiento, de conciencia y religiosa, son el marco en donde se insertan los conflictos individuales entre la exigencia jurídica y la exigencia moral, o entre la exigencia de dos criterios morales distintos, y a esto se le llama objeción de conciencia”. Los diputados que votaron en contra de la nueva legislación, que había sido promovida desde el mes de abril, fueron: Dolores Leal, de Panal; Mariela Saldívar y Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano; Armando Torres, de Morena; y Claudia Tapia, independiente. Se abstuvo Ivonne Bustos, del Verde. Al referirse a esta polémica ley, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, dijo que será vetada por el gobernador debido a que puede ser usada para actos discriminatorios. “Nosotros en el Estado vamos a vetar esa iniciativa. Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley, los médicos deben atender a toda la ciudadanía sea ésta cual fuese. Y la posición de un gobierno garantista como éste es esa. Seguramente, si llega así, porque todavía no nos la traen aquí al Ejecutivo, será vetada”, expuso. Por su parte, Conapred alertó sobre la posibilidad que estas modificaciones al Artículo 48 de la Ley de Salud nuevoleonesa puedan ser impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud. “El Conapred enfatiza que la objeción de conciencia no debe conducir, de ninguna manera, a que el estado de Nuevo León deje de prestar servicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si dicha objeción a su vez pudiera estar motivada por alguno de los supuestos que señala la ley como discriminatorios”. “Recordamos a las autoridades del estado de Nuevo León que es su responsabilidad que existan prestadores de servicios en suficiencia para que se realicen los procedimientos médicos a los que las personas tienen derecho, así como tomar las precauciones necesarias para garantizar la permanencia, constancia y calidad de los servicios médicos a los que está obligado”, dice el comunicado difundido hoy. Recordó que el estado debe proporcionar servicios de salud acordes a los principios de igualdad y no discriminación como lo mandata el Artículo 1 de la Constitución Política de México. Mario Rodríguez Platas, activista de la causa lésbico-gay en Nuevo León dijo que la reforma atropella los Artículos constitucionales 1, 4, 24 y 40, y contradice la Ley Contra la discriminación del estado y al código Penal, modificado en el 2014 para hacer delito la discriminación. “A las personas que incurran en esto, que no atiendan a personas por ser gays, migrantes o indígenas, se les debe aplicar el Código Penal, que establece de 2 a 3 años de inhabilitación, destitución, multas y prisión. Pero además esta reforma que proponen queda muy ambigua”. “Dice la propuesta que podrá objetar por conciencia aquél médico que crea que su práctica va contra la convicción religiosa o ética, por lo que si su religión dice que la comunidad gay es mala, no la atiende. A un paciente con VIH lo va a dejar morir. Me pregunto qué va a pasar en municipios retirados como Galeana donde nomás hay un médico. No, esta ley está hecha con las patas. Nomás exhibe la ignorancia y la discriminación de los diputados locales”, sentenció. Se dijo esperanzado en que el gobernador vete la iniciativa aprobada o que una instancia como las Comisiones Estatal o Nacional de los Derechos Humanos presenten la respectiva controversia constitucional para impedir que se haga ley.