PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) emitió la recomendación 12/2019, donde pide actuar contra autoridades municipales y estatales que fueron omisas para evitar el linchamiento de Alberto y Ricardo Flores, ocurrido el 28 de agosto de 2018 en la localidad de Acatlán de Osorio. Tío y sobrino, de 53 y 21 años de edad, fueron quemados vivos por un grupo de pobladores de esa localidad, quienes los acusaron de “robachicos”, cuando en realidad ambas personas habían llegado a la localidad para comprar material para construcción. Con celulares en mano, habitantes del lugar transmitieron en vivo --a través de las redes sociales-- el acto de barbarie perpetrado. El abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, defensor de los familiares de las víctimas, dijo que se buscará fincar responsabilidades no sólo contra los policías, sino contra funcionarios municipales, entre ellos el ahora exalcalde de Acatlán, Guillermo Martínez, porque no cumplieron con sus funciones para salvaguardar la vida de los detenidos. En la recomendación emitida por el presidente interino de la CDHEP, Omar Siddharta Martínez, se pide a las autoridades municipales de Acatlán de Osorio que realicen los trámites necesarios para que se proceda a la reparación de daños causados a los familiares directos de Alberto y Ricardo, no sólo por las pérdidas materiales, son también por los “sufrimientos y aflicciones” que estos hechos les ocasionaron. A la alcaldesa María del Carmen Nava Martínez se le solicita que instruya a la Contraloría Municipal para que inicie un procedimiento de investigación en contra de “todo aquel” personal de la Policía de la localidad que resulte responsable de los hechos. Además, a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, Idelfonso Amezaga y Fernando Manzanilla, respectivamente, se les ordena iniciar una investigación administrativa en contra del personal a su cargo que pudo incurrir en la omisión de sus obligaciones en torno a lo ocurrido en Acatlán. La CDHEP pide a la Fiscalía General del estado que gire instrucciones al agente del Ministerio Público correspondiente para que en la carpeta de investigación tome en cuenta las consideraciones que contiene y que fueron constatadas por el organismo de derechos humanos. El escrito menciona que, de acuerdo con la normatividad, el presidente municipal ejerce el mando inmediato del cuerpo de seguridad por sí o por conducto del titular de la corporación. “Ejercer el mando a través del titular del cuerpo de seguridad pública no significa la renuncia a una función inherente al cargo de presidente municipal. La actuación del entonces presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, era asumir el mando de la corporación y apersonarse en el lugar de los hechos, considerando el grave riesgo de los linchamientos”, expone. En la relatoría de los hechos ocurridos el 28 de agosto de 2018 se menciona que, de acuerdo con las cámaras de vigilancia, los policías no hicieron nada para detener el ingreso de los pobladores a la comandancia para llevarse a Alberto y Ricardo, quienes se encontraban en una celda de la corporación municipal. Según la investigación realizada por la Comisión, las autoridades municipales se limitaron a realizar llamadas telefónicas para pedir apoyo, sin recurrir previamente a técnicas de disuasión, dispersión y control de masas. La CDHEP pide a la alcaldesa Nava Martínez que colabore con la Fiscalía General del estado en la integración de la carpeta de investigación sobre el caso del linchamiento y que aporte todas las pruebas con que cuente para esclarecer los hechos. También se le exige realizar un proyecto de reforzamiento a la comandancia municipal, llevar a cabo jornadas de cultura de la legalidad y justicia entre la población, y capacitar a los policías municipales y servidores públicos en materia de derechos humanos y mediación. A más de un año de esos hechos sólo han sido detenidas tres personas como responsables, una de los cuales falleció a las pocas horas de ser detenido. Otro, menor de edad, se encuentra actualmente en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).