MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local aprobó reformas a la constitución estatal para elevar al rango de Fiscalía a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de darle autonomía y presupuesto propio. Actualmente esa vicefiscalía, que fue creada en el sexenio del exgobernador Rolando Zapata Bello, quedó integrada a la estructura de la Fiscalía General del Estado. La reforma para darle autonomía fue aprobada por unanimidad. En la sesión de hoy, también se aprobaron por unanimidad modificaciones constitucionales para inhabilitar por faltas administrativas y hechos de corrupción a funcionarios públicos y particulares. Sobre la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández, argumentó que este dictamen es “un mensaje claro” a los yucatecos de que la corrupción no puede ser tolerada. “Darle autonomía a la Fiscalía significa libertad en sus funciones, pero también asumir su responsabilidad ante los yucatecos”, recalcó. A su vez, la diputada panista Rosa Díaz Lizama expuso que la Fiscalía es una herramienta para que los yucatecos puedan conocer si hay actos de corrupción y se castigue a quien incurra en ellos. Aclaró que esta medida no se generará gastos en este traslado, porque los recursos humanos y económicos, serán los mismos que tiene la actual Vicefiscalía. En torno a la inhabilitación por casos de corrupción, Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, señaló que lo que se pretende con esa sanción es evitar que quienes sólo buscan el interés personal, “no sigan cerca o estén en el gobierno”. “Cero tolerancia a la corrupción y fin a la impunidad”, enfatizó. La priista Karla Franco Blanco destacó que este dictamen también sanciona a particulares involucrados en actos ilegales, para que no puedan acceder a arrendamientos o licitaciones por parte del gobierno. En la misma sesión, también se desechó la impopular iniciativa del Ejecutivo estatal para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del ISSTEY en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs). Franco Blanco explicó que de no desechar dicha iniciativa el Congreso incurriría en una violación a los derechos de los trabajadores.