TOLUCA, Edomex (apro).- Los 12 notarios provisionales designados por el exgobernador Eruviel Ávila al final de su mandato y los nueve ratificados como titulares por Alfredo del Mazo, cumplen con los requisitos de ley, aseguró Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, luego de precisar que actualmente el gobierno estatal enfrenta tres juicios de amparo contra las designaciones. Al comparecer ante diputados locales por la glosa del segundo informe de gobierno, el funcionario estatal recordó que las designaciones provisionales fueron impugnadas, pero los juicios se resolvieron como legales. Después, también con fundamento en la ley –abundó--, se les otorgó la titularidad y nuevamente se impugnaron. “En estos momentos están desahogándose tres juicios”. Añadió: “Esos nombramientos ya pasaron por el tamiz no sólo de los jueces de distrito, sino también de los tribunales colegiados… ahora hay una nueva impugnación por un acto posterior, pero que es accesorio al principal; es decir, el principal es el nombramiento como provisional, el secundario es el nombramiento de los titulares”. De acuerdo con Espeleta, hasta el momento las nueve designaciones “siguen firmes porque no ha habido una sentencia que determine que es inconstitucional o ilegal hacer ese tipo de nombramientos”. Tras comprometerse a que en lo sucesivo se dé mayor transparencia a los procedimientos, destacó que se ha expedido una primera convocatoria a examen de oposición por concurso abierto a quienes cumplan con los requisitos para la designación de cuatro notarios: el 56 de Naucalpan, 173 de Ixtapaluca, 89 de Cuautitlán y 76 de Jilotepec. “Quien saque la calificación más alta será el titular”, afirmó. En lo que va de la administración, indicó, se han realizado 297 procedimientos administrativos de queja contra notarios por probable contravención a la ley y se ha ordenado la práctica de tres inspecciones especiales y 134 ordinarias para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Lo anterior, en respuesta a los cuestionamientos de las diputadas María Luisa Mendoza (PVEM), Alicia Mercado (Morena) y Lourdes Garay (PSD), quien además preguntó al funcionario si permitirá “que personas sin la capacidad y con claros intereses ocultos utilicen la fe pública para lucrar a su favor y a favor de sus antiguos patrones, y qué acciones se tomarán para combatir el nepotismo notarial”. Después de que el perredista Omar Ortega advirtió dilación en la entrega a los municipios de 30 millones de pesos etiquetados para la Alerta por Violencia de Género (AVG), Espeleta Aladro justificó que la tardanza responde a que esos recursos se pueden destinar sólo a capacitación, difusión y equipamiento. Por eso se esperó a que los ayuntamientos presentaran sus proyectos y fueran aprobados, y la liberación se encuentra en procedimiento, agregó. Sobre la iniciativa internacional Spotlight, precisó que a los dos municipios mexiquenses previstos, Ecatepec y Naucalpan, les serán designados 3 millones de dólares para utilizarlos en los próximos cuatro años, a fin de fortalecer a corporaciones policiacas, instituciones locales y organizaciones civiles que promueven la defensa de los derechos de las mujeres. El funcionario estatal no dio detalles sobre mecanismos de acceso y transparencia en el uso de los recursos, ni quién los manejará o bajo qué criterios se entregarán. José Antonio García, del PAN, recordó que en su estudio “La defensoría pública en México, el acceso a la justicia de los desposeídos”, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destaca que la entidad mexiquense cuenta con 329 defensores públicos, es decir, uno para cada 49 mil 200 personas, “lo que pone en una situación de imposibilidad el acceso a la justicia”. Rodrigo Espeleta admitió que cada defensor trabaja simultáneamente 90 asuntos y que son necesarios mil 200. Luego ejemplificó que en Guerrero cada defensor lleva 10 asuntos. Y en materia indígena el problema se agudiza, porque sólo hay cuatro defensores que hablan mazahua y otomí. El morenista Gerardo Ulloa consideró que la contribución de la dependencia es muy poca o casi nula, y recordó que en 2017, cuando fue creada, se le aprobó un presupuesto superior a los 457 millones de pesos para asumir las funciones de la entonces Consejería Jurídica, que se encargaba de las mismas tareas, pero con un presupuesto menor. En 2018, recordó, a la dependencia se le asignaron 801 millones de pesos, y en 2019 ejerce más de mil 261 millones. En dos años su aumento presupuestal fue superior a 132.2%, pero “parece ser que tan sólo fue un cambio de nombre o, como se dice de manera coloquial, “la misma gata, pero revolcada”.