CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) anunció una serie de movilizaciones por la sentencia condenatoria que emitió un juez de Michoacán contra dos integrantes y un simpatizante del CCIN, misma que consideró “una amenaza” a la autonomía y a la defensa del territorio indígena. Este miércoles, en audiencia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Uruapan, el juez Eduardo Ruiz condenó por delitos de sabotaje a los consejeros José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, así como al activista José Gerardo Talavera. El CCIN informó que apelará la sentencia en los siguientes cinco días, y adelantó que mañana realizará una movilización en la representación de Michoacán en la Ciudad de México. Para el Consejo Ciudadano, la resolución en primera instancia resulta “injusta, ya que durante el juicio no se probó dicho delito”. En ese sentido, los integrantes del gobierno comunitario indígena consideran que los sentenciados son “víctimas de criminalización por la defensa de su autonomía y territorio”. De acuerdo con el abogado defensor Alejandro Chávez Rojas, la sentencia está construida “con pruebas inconsistentes”, toda vez que hay contradicción entre los hechos y los testigos, quienes claramente “declararon con falsedad y de manera contradictoria”. Otro integrante de la defensa, Jesús Casares Ramírez, explicó que la apelación estará dirigida “a que los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada”. Según Casares, el delito de sabotaje por el que se acusó a Arreola, Jiménez y Talavera, detenidos en noviembre de 2018, es improcedente porque el Código Penal del estado de Michoacán establece que se consuma “cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público”. Tras recordar que el CCIN fue reconocido legalmente en abril de 2018, el litigante agregó que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenía y los sigue teniendo el CCIN, por lo tanto, al tener los bienes, en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad”, de ahí que la sentencia “no se apegó a derecho”. El CCIN precisó que en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que el delito de sabotaje “es el más común usado por los Estados para criminalizar” la labor de los activistas. Subrayó: “Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) esta sentencia es una amenaza a su autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde el CCIN”. Y anunció que este jueves iniciará una campaña de movilizaciones para exigir la liberación de Arreola, Jiménez y Talavera.