TOLUCA, Edomex (apro).- Ejidatarios del núcleo agrario Las Salinas denunciaron que la vocal ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), Dora Elena Real Salinas, los echó a balazos del Rancho El Cristo o Embajomuy, cuando pretendían solicitarle que acatara un fallo judicial para desalojar la propiedad. Lidia Segovia, representante legal de los ejidatarios, indicó que el pasado 8 de agosto el Juzgado Civil de Ixtlahuaca notificó a José Guadalupe Real Pedraza, padre de Dora Elena, que tenía ocho días para dejar el inmueble localizado en San Felipe del Progreso. El pasado jueves 24 una veintena de ejidatarios, muchos de ellos de la tercera edad, acudieron al sitio señalado para solicitar que se acatar la sentencia. Al mismo lugar llegó la priista acompañada por un grupo de personas armadas, quienes realizaron disparos con el objetivo de amedrentar a los ejidatarios, y profirieron palabras altisonantes para obligarlos a irse. En videos tomados por las personas afectadas se ve a Real Salinas --bautizada como #LadyPistolas-- tronar los dedos a los campesinos para que abandonen su propiedad, y asegura que el juez no le informó sobre el fallo y el desalojo. También exige que se diga al Ministerio Público que no dejará la propiedad hasta que lleguen con la fuerza pública, y amenaza con traer a personas del poblado de Choteje para golpear a los inconformes. De acuerdo con los ejidatarios, cuatro personas al servicio de Real Salinas, identificadas como José Manuel Malo Sánchez, Pablo García Sánchez, Ceferino Contreras y César Acevedo Ramírez, fueron detenidas por elementos de la policía estatal y del Ejército, quienes al escuchar las detonaciones se aproximaron al lugar. En el vehículo donde viajaban, y en el que intentaron huir, se encontró un arma de fuego calibre 22, pero al llegar al Centro de Justicia de Ixtlahuaca fueron puestos en libertad. “El MP nos indicó que los abogados de los detenidos llevaban preferencia y curiosamente son los mismos defensores legales de Real Pedraza. A los ejidatarios nunca se les tomó la declaración”, informó Segovia. La abogada recordó que el Rancho El Cristo o Embajomuy, de 90 hectáreas, fue adquirido por el grupo ejidal Las Salinas el 28 de marzo de 1960, con el dinero que el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, les pagó por la expropiación de sus tierras el 1 de agosto de 1945. Entre 1988 y 1990, aprovechando su encomienda como representante de la Reforma Agraria, cuando su esposa, Emma Salinas, fungía como alcaldesa, según los ejidatarios, Real Pedraza tomó posesión física del terreno, cuya propiedad hoy ampara en un juicio de usurpación –sentencia a su favor emitida por el juez Felipe Álvarez Chávez-- que presuntamente ganó a Rodolfo Mata Cruz, uno de los ejidatarios fallecido. José Guadalupe Real Pedraza, quien desde entonces habita el inmueble, durante dos décadas ha ofrecido en venta parte del terreno a compradores de buena para ganar tiempo a través de juicios y amparos entablados por éstos, según Lidia Segovia. Y recordó que en 1993 el Tribunal Unitario Agrario reconoció que el predio era propiedad del ejido Las Salinas, pero se declaró incompetente, por lo que se inició el juicio civil respectivo en Ixtlahuaca. Desde 2013, abundó, existe una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada del TOCA-541, para que la familia de la funcionaria desaloje el inmueble del que despojaron a los ejidatarios. No obstante –lamentó--, gracias a las relaciones políticas de la vocal del CEDIPIEM (quien además fue diputada local), el Juzgado ha otorgado los amparos a los familiares de ésta. Por su parte, Marina Morena, presidenta del Comisariado Ejidal de Las Salinas, acreditada ante el Registro Agrario Nacional en marzo de este año, con el folio 2672, destacó que el conflicto que enfrentan con Real Pedraza y ahora con su hija Dora Elena ya se tornó político, pues han agotado todas las instancias legales, sin que ninguna autoridad, incluido el Ministerio Público, quiera entrar al rancho con la fuerza pública. Por esta razón, los ejidatarios hicieron un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que investigue la corrupción y tráfico de influencias de esa familia, porque no podrá acreditar la propiedad del predio.