COLIMA, Col. (apro). - El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció el impulso de una iniciativa de ley para regular el uso de recursos públicos en la publicidad oficial en Colima, así como un protocolo estatal para la seguridad de periodistas en situaciones de riesgo. La coordinadora estatal de MC, María Elena Abaroa López, dio a conocer en rueda de prensa que ambos temas serán promovidos a través de la representante de su partido en el Congreso local, la diputada Remedios Olivera Orozco. Señaló que al igual que en el resto del país, en los presupuestos publicitarios de Colima subsiste una falta normativa que favorece la discrecionalidad en la distribución de los recursos públicos para influir en los contenidos de los medios de comunicación. “Por este vacío legal, se afirma que la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para comprar complacencias y ejercer la censura indirecta, pues la falta de reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas, para dar forma a su línea editorial”, expuso. La asignación selectiva, arbitraria y opaca de la publicidad oficial, indicó Abaroa, restringe el pluralismo y la diversidad de voces, por lo que “la concesión o supresión de publicidad oficial no debe aplicarse discrecionalmente para premiar o privilegiar, presionar o castigar a medios o periodistas, porque se atenta contra la libertad de expresión y genera discriminación; ambas discrecionalidad y discriminación deben estar expresamente prohibidas por la ley”. Advirtió que el peso económico de la publicidad estatal es tan importante que puede representar el cierre o la sobrevivencia de las empresas, al grado de que en Colima, en el gobierno de Mario Anguiano Moreno, tres medios impresos locales que mantenían una línea editorial crítica, cerraron sus puertas, ahogados por el retiro de la publicidad gubernamental y el boicot de anunciantes: Milenio Colima, en mayo de 2010; así como la versión impresa del diario Avanzada, en agosto de 2011, y la revista del mismo nombre, en julio de 2012. En la actualidad, dijo María Elena Abaroa, se requiere la promulgación de una ley para la asignación de la publicidad oficial en Colima, que establezca criterios transparentes y objetivos que incluyan a los tres poderes, a los ayuntamientos y a organismos autónomos y descentralizados, con el propósito de que todas las instituciones y organismos públicos se sujeten a esas disposiciones. Así también, informó que MC impulsará un protocolo de seguridad para quienes ejercen el periodismo en el estado, en situaciones de riesgo, toda vez que la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, (publicada en Suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 28 de julio de 2012) en su capítulo VI Del Derecho a la Seguridad, no lo contempla. Abaroa recordó que, desde el 19 de agosto de 2009, la CNDH emitió la Recomendación General número 17, en la que abordó los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, en la cual se analizan violaciones de derechos de quienes ejercen el periodismo y la tendencia al alza manifiesta en el aumento de casos llegados cada año a la institución. Esa recomendación fue dirigida a los gobernadores, al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal; al entonces procurador general de la República y al procurador general de Justicia Militar a fin de que emprendan acciones para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los periodistas no se vea coartado ni amenazado por ninguna circunstancia. Para efectos de lo anterior, la CNDH recomendó que se implementaran políticas públicas para garantizar la seguridad de los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo. “Con la elaboración del Protocolo de Seguridad para Situaciones de Riesgo en el ejercicio del Periodismo, habremos de atender con celeridad esta recomendación tan pertinente en estos tiempos”, mencionó la coordinadora estatal de MC. Añadió que, para llevar a cabo estas acciones, se realizarán previamente consultas entre los propios periodistas y representantes de diversos sectores de la sociedad.