TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A 13 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en la impunidad el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de seis y dos desapariciones forzadas. Así lo denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos, encabezadas por el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas. En un pronunciamiento difundido este jueves, señalaron que, lejos de la justicia, la masacre de Viejo Velasco es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos alimentado por la falta de respuesta institucional. Recordaron que la matanza ocurrió en esa comunidad del municipio de Ocosingo, cuando 40 personas provenientes de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22 --algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública--, entraron de manera violenta a la comunidad. Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. También estuvieron cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación (AEI), con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. Señalaron que estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 habitantes, cuatro ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas y fueron entregados a sus familiares cinco años después. A 13 años de esta masacre de indígenas tseltales y choles, no hay justicia, subrayaron. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. Y durante todo este tiempo, la Fiscalía General de estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de los hechos; los responsables intelectuales y materiales siguen libres y en la impunidad. La red de organizaciones defensoras de derechos humanos indicó que la FGE no cuenta con un plan de investigación y ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, quienes desaparecieron tras la masacre; además, continúa la criminalización en contra de cinco personas que dieron auxilio a las víctimas y hasta el momento cuentan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus compañeros. “En este 13 aniversario de la masacre de Viejo Velasco, celebramos nuestra asamblea como organización Xinich. Nuestra compañera y compañeros que fueron asesinados en esta masacre están vivos en nuestra memoria, son ellos quienes nos empujan día a día a seguir luchando por nuestra autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia”, finalizaron.