Pobladores de Chilón exigen ejercer su pleno derecho a la libre determinación

lunes, 18 de noviembre de 2019
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas tzeltales de Chilón, quienes promueven la reivindicación para elegir a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres, denunciaron que los gobiernos municipales, estatales y federal han obstaculizado por todas las vías ese reclamo, desde hace más de dos años. Los pobladores de las diversas comunidades de Chilón, uno de los municipios más grandes del estado y con el mayor presupuesto federal asignado, exigieron a los tres órdenes de gobierno que proporcionen las condiciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia que emitieron los tribunales para ejercer su sistema normativo interno. Asimismo, que se emitan medidas cautelares para quienes forman parte del “gobierno comunitario”, y se investigue y haga justicia por la violación a los derechos humanos. Los habitantes Chilón, ubicado al norte del estado, iniciaron un proceso para ejercer su pleno derecho a la libre determinación como pueblos originarios, para lo cual interpusieron una solicitud ante el Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC), este domingo 17. Bajo el sistema jurídico tzeltal formaron el “gobierno comunitario” de Chilón, respaldándose en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. “Este caminar no ha sido fácil, ya que nos hemos encontrado con una serie de obstáculos ante las diferentes instancias y autoridades de gobierno, quienes han lentificado el proceso, a pesar de que las leyes son claras en este tema. Pero esto, más que debilitar nuestro trabajo, nos ha fortalecido y nos reafirma la convicción de nuestra lucha”, sostuvo Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del grupo. Un año después de la petición para elegir a sus autoridades tradicionales, en su sentencia el tribunal reconoció el derecho de los indígenas a la libre determinación y ordenó la elaboración de un estudio cultural y más adelante la realización de una consulta ciudadana en Chilón, para decidir el cambio de sistema de elección de las autoridades de gobierno. El encargado de realizar el estudio cultural sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), junto con el IEPC. Después de meses, de acuerdo con sus protocolos, se pudo iniciar el estudio en el municipio, pero el ayuntamiento denunció una supuesta campaña violenta. De acuerdo con los pobladores, el pasado 8 de junio el ayuntamiento de Chilón, junto con el comisariado del Ejido San Sebastián Bachajón, convocaron a una reunión para desprestigiar y reprimir la búsqueda del ejercicio de la libre determinación. También retuvieron al antropólogo Héctor Ortiz (INAH), a Horacio (IEPC) y a Alfonso Girón (traductor), obligándoles a firmar para desistirse del estudio cultural, además de exigirles que se comprometieran a no denunciar el hecho. Existió intimidación, hostigamiento, represión y amenazas a quienes son miembros del “gobierno comunitario”, por parte de agentes municipales y comisariados, para abandonar la lucha, obligándoles a firmar un documento sobre su rechazo a “usos y costumbres”, señalaron. Los indígenas exigieron condiciones para el cumplimiento de la sentencia de los tribunales y que se emitan medidas cautelares para los miembros de “gobierno comunitario” y sus comunidades. De igual manera, que se investigue y haga justicia ante la violación y bloqueo de los derechos humanos y colectivos por parte de líderes y autoridades políticas del ayuntamiento actual; se respeten los derechos de los pueblos originarios y a las personas pertenecientes al “gobierno comunitario”, y se detenga la campaña de violencia y represión dentro de las comunidades. “Los miembros del gobierno comunitario emprendimos esta lucha, conocedores de nuestros derechos, así como de la realidad de pobreza, violencia, represión y corrupción en que mantienen a nuestra gente. Conscientes de que aún nos falta camino, hoy confirmamos nuestra lucha por la libre determinación a través de la no violencia”, precisó Pascuala Vázquez Aguilar.

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