HERMOSILLO, Son. (apro).- El excoordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), Francisco Arnaldo Monge Araiza, presentó en el Congreso local una solicitud de juicio político contra la fiscal sonorense Claudia Indira Contreras Córdova. En el escrito de 29 cuartillas y un anexo de 14 mil fojas, presentado por el excolaborador de Guillermo Padrés ante la Oficialía de Partes del Legislativo sonorense, se argumenta que la fiscal ha caído en “desacato" de ordenamientos jurisdiccionales, se ha negado a ofrecer "acceso efectivo a la justicia", "retrasa el esclarecimiento de los hechos", "encubre culpables" y "propicia la impunidad”. Estas irregularidades fueron reconocidas y sancionadas por el juez de control del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora, quien dio por concluida la causa preliminar 76/2019 y determinó que quedó probado el incumplimiento, pues durante año y medio la fiscal “hizo caso omiso a las determinaciones del Tribunal”. Señaló que se apercibió a ministeriales en dos ocasiones y ordenó que se le diera vista a la autoridad federal competente, al juez de distrito en turno, a la propia fiscalía sonorense y al Congreso local. “Este no es un capricho Pancho Platas, no, es una instrucción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y espero que este Congreso sea capaz de llevar este juicio político con determinación y quitarle un fiscal carnal a Sonora y al gobierno, para que pueda actuar y ofrezca justicia a todos”, destacó Monge Araiza. El procedimiento derivó de la causa penal SON/HER/PGE/2016/503/00057, en la que Francisco Arnaldo Monge Araiza; su esposa, Lillet Galaz Villaescusa, y su amigo Manuel Antonio Fimbres Villaescusa, identificaron a los 12 presuntos culpables de tortura y fabricación de delitos, los cuales no han respondido hasta ahora a la justicia, porque mediante recursos dilatorios se ha retrasado su participación en la disputa legal. En hechos ocurridos la madrugada del 11 de septiembre de 2016 en Bacadéhuachi, Sonora, el solicitante de juicio político fue inculpado de portación de arma de fuego y posesión de tres gramos de droga sintética conocida como crystal, supuestamente para su venta y distribución. Monge demostró que al momento de la ilegal detención él se encontraba dormido en su casa, en compañía de su esposa embarazada, cuando 15 personas encapuchadas y armadas irrumpieron en la alcoba matrimonial, bajo la amenaza de un secuestro, y para liberarlo le pedían la cantidad de 300 millones de pesos. El acusado probó su inocencia frente a un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, que lo absolvió a él y a su amigo de toda acusación, con una sentencia de “exclusión de prueba ilícita”, es decir, lo consideraron víctima de una “fabricación de delito” por artificio del gobierno sonorense. El ofendido contrademandó, pero la fiscal sonorense se ha negado a judicializar la carpeta de investigación, porque un juez de Control llamaría a cuentas a los agentes estatales y sus cómplices que participaron en la ilegal retención en Bacadéhuachi, en septiembre de 2016. La justicia se ha tardado tanto que en estos tres años de espera ya han muerto en servicio dos de esos agentes señalados: Alberto Vázquez y Darío Montaño Miranda. Negro pasado de la fiscal El pasado 30 de octubre, la agencia Apro documentó que, a cambio de una comparecencia de terciopelo de Claudia Indira Contreras Córdova, la Fiscalía General del estado (FGE) “perdonó” al tesorero del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías, Mario Cuen Aranda, acusado del supuesto quebranto de más de 300 millones de pesos. El trueque fue sencillo: la fiscal tendría una cómoda comparecencia el pasado 24 de septiembre ante el Congreso local, y el gobierno sonorense se desistiría de toda acción legal contra Cuen Aranda. Una vez que concluyó la presentación y la fiscal sonorense no enfrentó contratiempos por la demanda en su contra, desde su oficina se firmó dos días después --el 26 de septiembre-- un escrito para el Juez Oral del Distrito Judicial Uno, en el que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FDE-Sonora) se desistió del recurso de revisión, con número de expediente 190/19. De esta manera, el extesorero de Padrés se libró de toda causa penal por el supuesto quebranto de más de 300 millones de pesos, acusado de desviar a cuentas particulares las cuotas partidistas de Acción Nacional de 2009 a 2015, cuando Padrés Elías era gobernador del estado. Según el expediente original 876/18, Mario Cuen Aranda fue vinculado a proceso por la supuesta comisión de un delito en materia electoral por “destinar aportaciones de dinero a un partido político habiendo prohibición, cometido en contra de la sociedad, en modalidad de ejecución continuada”, y ahora fue absuelto de “facto” por la fiscalía sonorense. “Fiscal carnal” El 15 de noviembre de 2018, Apro dio a conocer que Claudia Indira Contreras llegó a la fiscalía como "candidata favorita” de la gobernadora Claudia Pavlovich para obtener el puesto. Por primera vez en la historia de Sonora, una mujer se encargaría de la procuración de justicia en la entidad, y para lograr el nombramiento el quinteto de diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dio a la tarea de convencer a los legisladores de Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), Verde Ecologista (PVEM) y algunos de Morena. Los resultados de la gestión de la fiscal están a la vista de todos.