CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que en una fosa clandestina ubicada en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña, se localizó esta tarde el cadáver del activista indígena Arnulfo Cerón Soriano, privado de su libertad desde el pasado 11 de octubre. El mandatario estatal lamentó la ejecución y anunció que darán con los responsables intelectuales del crimen de Cerón Soriano, cuya búsqueda por parte de las autoridades se realizó ante la presión de organismos defensores de derechos humanos como Tlachinollan y la oficina en México de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante la lectura de un comunicado en la residencia oficial Casa Guerrero, en esta ciudad, el fiscal estatal Jorge de los Santos Barilla precisó que el hallazgo del cuerpo del dirigente del Frente Popular de la Montaña ocurrió en una fosa clandestina ubicada en el punto conocido como Los Tres Postes, sobre un camino que conecta Tlapa con el municipio de Metlatónoc. La tumba se localizó tras las declaraciones de Jorge Gómez ‘La Chiva’, señalado como jefe de la plaza de Tlapa, quien fue detenido a principios de este mes en el estado de Morelos, donde se refugió tras la desaparición de Arnulfo Cerón. De acuerdo con reportes oficiales del gobierno estatal, desde hace una década ‘La Chiva’ controlaba la policía municipal de esa localidad, donde la estrategia de seguridad está a cargo del Ejército. En ese lugar existe una red delincuencial conformada por políticos y criminales que trafican droga desde la Montaña guerrerense a los estados de Puebla y Morelos. Desde que se reportó la desaparición del activista, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con otras organizaciones sociales, responsabilizaron al alcalde morenista de Tlapa, Dionisio Merced Pichardo García, y a su jefe de gabinete, Marco Antonio García Morales. Según los amigos de Arnulfo Cerón, “ambos políticos están coludidos con el crimen organizado”. Ellos, sostuvieron, amenazaron directamente a la víctima “por su lucha en defensa de los comerciantes ambulantes del centro de Tlapa”. Cerón Soriano, de 47 años, desapareció tras salir de su casa –ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas– para reunirse con un grupo de Alcohólicos Anónimos que coordinaba desde hace una década en la colonia Caltitlán, pero nunca llegó. A más de un mes de la desaparición del activista, su cuerpo fue localizado en un predio donde autoridades federales y estatales habían enfocado la búsqueda desde la semana pasada, porque ya tenían indicios de que no estaba vivo, indicó una fuente oficial. https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1197320597237194752?s=20 Castigo a los responsables, exige Tlachinollan Tras conocerse el hallazgo del cadáver del activista, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió al gobierno estatal “el procesamiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen”. La organización civil, que entre otras causas representa a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, detalló que el cuerpo sin vida del defensor estaba en una fosa cavada a una profundidad de tres metros. Apuntó que, previo a la jornada de búsqueda, que inició ayer, del 12 al 15 de noviembre se desarrolló otra que contó con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del estado, así como con activistas del Frente Popular de la Montaña y de Tlachinollan. El trágico destino de Arnulfo Cerón, dijo, ocurrió en un ambiente de inseguridad en el que se encuentra Tlapa, así como en medio de “la colusión de las autoridades municipales y otras instituciones con el crimen organizado, y la falta de garantías para que los defensores de derechos humanos y activistas sociales realicen su trabajo”. Tras señalar que dichas circunstancias “propiciaron la desaparición y el cobarde asesinato del luchador social”, Tlachinollan agregó que en contra de Cerón y otros miembros del Frente Popular de la Montaña se registraron “constantes descalificaciones y campañas de desprestigio”, mismas que generaron “un marco permisible para su posterior agresión”.

Añadió: “Resulta imprescindible profundizar en las investigaciones que permitan dilucidar el móvil de este artero crimen e implementar medidas de no repetición, a fin de evitar que más defensoras y defensores de derechos humanos sigan siendo agredidos, porque con ello se inhibe la defensa de los derechos de las personas más desprotegidas y se perpetúa la impunidad”.

Tlachinollan exigió a las autoridades estatales y municipales realizar “de manera inmediata las acciones que deriven en el esclarecimiento y sanción de los hechos, así como la realización de medidas urgentes de prevención que garanticen a las y los defensores de derechos humanos de la Montaña de Guerrero, realizar su labor en condiciones de libertad y seguridad”. El pasado 14 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas informó que del 1 de diciembre de 2018 a esa fecha se habían registrado 179 agresiones contra defensores y periodistas, y que había 23 defensores y 15 periodistas asesinados presuntamente por razones de sus respectivas labores. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Encinas rindió un informe en el que destacó que hasta ese momento la dependencia tenía inscritos en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos a mil 39 beneficiarios, de los cuales 691 son defensores y 348 periodistas.