MONTERREY, N.L. (apro).- El Congreso local proyecta la búsqueda de un gobernador que sustituya a Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, cuando el dictamen para sancionarlo por desvío de recursos sea turnado al pleno de la Legislatura, en los próximos días. El pre dictamen, que circula ya entre los coordinadores de las bancadas --redactado por la Comisión Anticorrupción que preside Arturo Bonifacio de la Garza Garza--, establece en su acuerdo Quinto:

“De acuerdo con el artículo 63 fracción XXI y el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, una vez resuelta la controversia constitucional 310/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras no se contraponga la sentencia a lo establecido en el presente dictamen, nómbrese al gobernador sustituto para los efectos constitucionales pertinentes”.

De la Garza Garza señaló que, llegado el caso, inédito en la historia de Nuevo León, el sustituto deberá ser elegido por la Comisión de Gobernación, de una terna ciudadana que deberá ser aprobada con mayoría absoluta. El proceso sancionador, que aún no se discute en la Comisión, contempla la destitución de Rodríguez Calderón y su inhabilitación por tres años en cualquier cargo público. El documento aprobado especifica textualmente: “La sanción consistente en destitución del cargo de gobernador del estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres años contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen”. También se contempla inhabilitar por tres años como servidor público al actual secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, quien fungió como gobernador interino el año pasado, cuando ‘El Bronco’ se lanzó a recolectar firmas para su fracasada campaña presidencial independiente. De igual manera, la sanción implica su destitución. González sería cesado de inmediato, pero, en el caso de Rodríguez, los legisladores deberán esperar hasta que se resuelva el incidente de suspensión de controversia constitucional 310/2019 emitida por los ministros Eduardo Medina Mora y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que protege a ‘El Bronco’ de cualquier sanción. En entrevista, Salinas señaló que, si bien el Congreso de Nuevo León tiene hasta el 20 de diciembre para sancionar al gobernador, puede emitir su voto y destituirlo, y esperar a que la Suprema Corte resuelva, en su caso, negarle el amparo, para removerlo y designar a quien estará en el puesto el resto del sexenio, que concluye el 3 de octubre del año 2021. De acuerdo con De la Garza Garza, el documento es un anteproyecto de sanción presentado entre los grupos legislativos para que lo observaran y retroalimentaran. Luego, la Comisión Anticorrupción redactaría el documento final, que sería circulado entre los diputados que la integran. Posteriormente, si se aprueba el dictamen, sería turnado al pleno del Congreso local, donde bastaría una mayoría simple de votos para aplicar el castigo a Rodríguez Calderón y González Flores. “Esto es lo que la Comisión Anticorrupción está proponiendo a sus miembros en espera de observaciones para tener un consenso, para meterlo al pleno”, dijo De la Garza, y manifestó que todo este procedimiento es complejo, debido a que con anterioridad únicamente habían sido nombrados gobernadores interinos, pero nunca un sustituto. Aclaró que los diputados argumentarán su sanción únicamente en el expediente legislativo 11841/LXXIV, basado en la orden que les giró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que ambos incurrieron en desvío de recursos al utilizar a personal de la administración estatal para recabar firmas a favor de la campaña de ‘El Bronco’, quien necesitaba apoyos ciudadanos para inscribirse como candidato presidencial sin partido. En el expediente se especifica que el 26 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia en el expediente SRE-PSC-153/2018, en el que se acreditaron las infracciones electorales cometidas por Rodríguez y González, en su carácter de servidores públicos, el primero de ellos como gobernador Constitucional y el segundo como gobernador interino. La decisión fue entregada al Congreso neoleonés, que la turnó a su comisión Anticorrupción el 27 de junio. En el origen de este proceso sancionador se encuentra la denuncia que presentaron el 31 de enero del 2018 el entonces diputado local y ahora senador Samuel García Sepúlveda y la aún diputada local Mariela Saldívar Villalobos, los dos de Movimiento Ciudadano, por la recolección de firmas de apoyo por parte de funcionarios estatales en horario laboral. La Sala Superior del TEPJF comprobó que 572 servidores públicos y el mismo gobernador Rodríguez Calderón “faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)”. Como las normas electorales no contemplan un proceso especial sancionador, el órgano jurisdiccional comunicó a su “superior jerárquico”, en este caso el Congreso local, para que “de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables, en este caso del estado de Nuevo León”. En sus impugnaciones públicas y legales, los inculpados han señalado que la sanción no tendrá efecto, porque la Legislatura no es el superior del gobernador.