GUANAJUATO, Gto. (apro).- “Queremos que nos reciba el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, queremos que reconozca el problema de la desaparición de personas, que hable”, exigieron mujeres familiares de personas desaparecidas de varios municipios, en una mesa de diálogo celebrada con legisladores en el Congreso estatal. En la mesa, se pidió a las y los diputados solicitar formalmente la asesoría de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU-Derechos Humanos en México, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda para alcanzar los estándares internacionales y una visión integral en las Leyes estatales de víctimas, desaparición de personas y declaración especial de ausencia para personas desaparecidas que se están dictaminando actualmente. Las comisiones aceptaron solicitar la asesoría de ambos organismos para enriquecer las tres leyes, sobre todo después de escuchar de voz de varias mujeres hermanas, madres y parejas de personas desaparecidas, sus experiencias con las autoridades ante quienes han denunciado este delito. Las quejas fueron coincidentes: tardanza para recibir las denuncias e iniciar la búsqueda de sus desaparecidos; carpetas mal integradas, falta de información y de sensibilidad para atenderlas, así como acceso nulo al Fondo de Víctimas de la Fiscalía General del Estado (FGE), amén de los comentarios frecuentes de que “debe haberse ido con el novio”, o “seguramente andaba en malos pasos”. La mesa fue abierta por las comisiones unidas de Gobernación y puntos constitucionales y la de Derechos humanos y atención a grupos vulnerables, aunque de 10 diputadas y diputados que forman parte de ambas, únicamente cuatro permanecieron durante toda la reunión y escucharon los testimonios de familiares de personas desaparecidas –todas mujeres- así como activistas y representantes de organizaciones de acompañamiento legal. Las diputadas Libia García –presidenta de las comisiones unidas- del PAN, Vanessa Sánchez, del PVEM y la también panista Lorena Alfaro, así como el panista Rolando Alcántar recibieron a integrantes del colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz”, éste conformado por familiares de 22 de 23 migrantes que desaparecieron con el autobús en que viajaban rumbo a los Estados Unidos, hace ya nueve años. También acudieron integrantes del colectivo “A tu encuentro”, en el que hay familias de varios municipios del estado, entre ellos Irapuato, León y Celaya. Pero en la mesa no estuvieron los diputados Claudia Silva Campos, del PRD –quien es la presidenta de la Comisión de derechos humanos-, Katya Soto Escamilla (PAN), Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN), Guadalupe Salas Bustamante (Morena) y Guadalupe Vera Hernández, del PAN. Mientras que sólo por unos minutos permanecieron en la mesa los diputados Raúl Márquez Albo, de Morena, y el priista José Huerta Aboytes. “El mundo de los desaparecidos…” “En el mundo de los desaparecidos no existe el duelo como tal. Estamos entre el está vivo o está muerto”, dijo una familiar de Jorge Peralta Martínez, desaparecido a sus 44 años el 14 de septiembre del 2018 en Celaya, padre de tres hijos y de oficio instalador de alarmas eléctricas. La mujer dijo que en el camino seguido para encontrarlo, la familia se ha encontrado con corporaciones y autoridades “sin un ápice de empatía, con falta de tacto, sin sentido común” para tratar a las familias o darles informes sobre las investigaciones. También reclamó que a pesar de que las Leyes generales de víctimas y de desaparición forzada de personas y por particulares tengan ya varios años en vigor en el ámbito federal, apenas se esté legislando en Guanajuato. “Al no haber legislación no hay obligatoriedad”. Por eso, dijo esperar del Congreso la voluntad política para que, una vez que se aprueben las tres leyes, se vigile la instalación de las comisiones de búsqueda y atención a víctimas, así como “el reforzamiento de la Fiscalía especializada de personas desaparecidas (en la FGE), si es que hay alguna…”. La mujer pidió una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “para que abra los ojos”. Hablaron también la hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido el 18 de marzo en pleno bulevar Adolfo López Mateos de Celaya; la madre de Luz María García Sierra, madre soltera de una niña de cinco años, desaparecida de la puerta de su casa en Juventino Rosas el 8 de enero de este año. La hermana de Alfredo Rayas Alvarado, un cerrajero muy conocido en Irapuato que desapareció en San José de Guanajuato, en Celaya, el 22 de octubre del 2018, contó que “le hizo trabajos hasta al alcalde (Ricardo Ortiz) y después de que desapareció resulta que nadie lo conocía”, y también que cada que acuden a los servicios forenses de la FGE cuando se sabe del hallazgo de algún cuerpo, piden que se cotejen las muestras de ADN que se les han tomado “pero nos dicen que sólo cuando aparezcan cuerpos similares, que hay una lista, que no somos los únicos”. Habló la mamá de Nancy Ceja López, quien fue desaparecida desde el 21 de octubre del 2018 en Irapuato. La joven es madre de dos niñas, de las cuales la abuela ha debido hacerse cargo. Nancy trabajaba en una empresa en el parque industrial Castro del Río y los domingos en un palenque, de donde fue desaparecida junto con cuatro de sus compañeros. Quince días antes de esto se quedó sin teléfono celular, pues lo empeñó para comprar un material que necesitaba una de sus hijas. El académico Raymundo Sandoval y Janeth Manjarrez de la organización Sembrando comunidad plantearon a las comisiones la asesoría de la representación de la Alta Comisionada de la ONU-DH en México y de la Comisión Nacional de Búsqueda para que las leyes contemplen los estándares internacionales más altos en atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, para que en la práctica las denuncias sean atendidas con igual diligencia, con respeto a la dignidad de las personas, haciendo búsqueda siempre con la presunción de vida y sin discriminación de trato o prioridad, entre otros aspectos.