MÉRIDA, Yuc. (apro).- Diputados panistas denunciaron ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a siete altos exfuncionarios de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, por el quebranto al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSTEY). Encabezados por su coordinadora, Rosa Adriana Díaz Lizama, la bancada albiazul en el Congreso local acudió a las oficinas de la ASEY para documentar presuntos actos de corrupción por más de 2 mil millones de pesos, que dejaron en un estado de “quiebra inminente” al Instituto. En conferencia de prensa, los legisladores informaron que las denuncias implican a quienes fungieron como titulares del ISSTEY en los dos gobiernos anteriores: Víctor Sánchez Álvarez, Nerio Torres Arcila, Zazil Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara. Además, a los exsecretarios de Finanzas y Administración (SAF), Juan Ricalde Ramírez y Alfredo Dájer Abimerhi; al exdirector de Contabilidad de esa dependencia, Fernando Fernández Vargas, y a quienes resulten responsables. Los exfuncionarios fueron denunciados por presunto abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, pero corresponderá a la ASEY determinar el posible delito y en su momento presentar la querella ante la Fiscalía General del estado o la Vicefiscalía Anticorrupción, puntualizaron. Advirtieron que si la ASEY no procede ellos llevarán la denuncia a otras instancias. Ello porque, con una mayoría priista, el control del Congreso, del que depende la ASEY, está en manos de Felipe Cervera Pacheco, primo de Ivonne Ortega. Díaz Lizama aclaró que la bancada denunció el desfalco en el ISSTEY en respuesta a una solicitud que se hizo en días pasados en una sesión del pleno legislativo, para que se investigue a los funcionarios que por presuntos actos de corrupción dejaron a la institución al borde de la quiebra.

“En la discusión nosotros no podemos permitir que se nos llame cómplices de corrupción, y como PAN tenemos esa responsabilidad, pero ante todo lo estamos haciendo en total respaldo a los miles de trabajadores jubilados y pensionados que en dado momento pueden ver en riesgo sus pensiones y sus jubilaciones”, añadió.

De acuerdo con el diputado Manuel Díaz Suárez, en la denuncia que entregaron por escrito a la ASEY señalan que, a pesar de que el objetivo del Instituto es precisamente garantizar derechos humanos, protección a la salud y los medios de subsistencia y prestaciones económicas y sociales, “la constante actuación de los servidores públicos encargados de la administración del Instituto fue propiciar el quebranto al patrimonio del mismo con el consiguiente perjuicio a los trabajadores al servicio del estado de Yucatán, sus familiares y dependientes económicos”. Señaló que el quebranto al ISSTEY es público desde hace varios años, pues los propios gobiernos implicados lo reconocieron, y el adeudo es porque –dijo-- el Ejecutivo no le transfirió las cuotas que como patrón retuvo a sus empleados por un monto de 2 mil 233 millones de pesos. Además, añadió, “en un abuso de autoridad y un mal manejo de los recursos públicos, se han aprovechado de las reservas territoriales y han vendido el patrimonio de los yucatecos para poder ir solventando el adeudo que tienen con el ISSTEY”.