GUADALAJARA, Jal. (apro).- Durante la presentación de su primer informe de gobierno en el Congreso local, el gobernador Enrique Alfaro se negó a aceptar su responsabilidad en el alza al transporte público o en las afectaciones que tendrá el Bosque de La Primavera cuando se habite la Villa Panamericana. Son temas que se aprobaron en las pasadas administraciones, argumentó. Alfaro tampoco reconoció que el gran número de contagios de dengue sea un grave problema para la entidad, y mucho menos que existan irregularidades en el programa A Toda Máquina, pese a que la empresa adjudicada con el arrendamiento de maquinaria, por más de 3 mil 600 millones de pesos, es de su amigo Guillermo Romo. Para el programa A Toda Máquina, dijo, “se hizo una licitación como se debía y no tengo nada de qué avergonzarme ni qué esconder. En lo personal sostengo un principio que le escuché a Andrés Manuel López Obrador, y decía: 'Me podrán decir Peje, pero no lagarto'. A mí me podrán decir todo, pero no ratero, y así va a ser siempre". En relación con el tema del dengue, reiteró que el incremento de casos se debe al cambio climático y a que el serotipo 2 llegó a la entidad. "Somos el único estado que ha levantado aviso epidemiológico por dengue, hicimos la parte que nos tocaba, invertimos 116 millones en el programa de prevención". Nunca mencionó que se aplicó insecticida caduco. En este momento, Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de dengue, con 7 mil 622 confirmados. El dengue “no es un asunto que deba politizarse o que deba de culparse a la administración por algo que se dejó de hacer. Lo que se tenía que hacer se hizo, pero ya entendimos que se tiene que hacer mucho más, (...) tomándonos en serio la agenda de cambio climático", apuntó Alfaro. En materia de transporte, el gobernador sostuvo que no es una simulación la mejora en la calidad del servicio público, y que faltaría implementar al 100% el sistema de pago electrónico, que estaría listo a finales de enero próximo. Dijo que ya se concluyó el mapa de ordenamiento de rutas, que será dado a conocer en pocos días, y que habría subsidios para los transportistas. Ese beneficio no alcanzó a los usuarios que resintieron el alza, luego de que la tarifa pasó de siete a 9.50 pesos. Pero Alfaro pidió comprensión a los ciudadanos. "Tuvimos que aplicar la tarifa --por cierto aprobada antes de que yo fuera gobernador-- para el transporte público cuando se cumpliera el principio de que estuvieran integrados en ruta empresa. A nadie, a ningún gobernante le gusta tomar esas decisiones, a mí tampoco, no más que yo tengo la responsabilidad de arreglar el transporte público y no voy a ser un gobernador más de los que les tiembla la mano para tomar decisiones y por eso quedan en el basurero de la historia. Pido a los jaliscienses su comprensión de que estas medidas son parte de un ajuste integral, porque no se podía seguir operando con una tarifa como la que se tenía", indicó. Posicionamientos Previo a su discurso, cada una de las siete fracciones parlamentarias dio su posicionamiento sobre el primer año de administración de Enrique Alfaro. Todas coincidieron en reconocer el trabajo del Ejecutivo estatal y le dieron su apoyo para sacar adelante iniciativas que sean en beneficio de los ciudadanos, en especial en temas sensibles como seguridad, igualdad de género, educación y medio ambiente. Tras mencionar que también existen omisiones, consideraron que los recursos que la federación dará a la entidad no alcanzan y, según la diputada priista Sofía García, es necesario otorgar más presupuesto para diversos rubros, entre ellos para mujeres. Asimismo, solicitó al mandatario estatal detener el alza a impuestos contemplada en las leyes de ingresos municipales. En su turno, Erika Pérez García, coordinadora de Morena, se quejó porque "la gobernanza, la participación ciudadana y el diálogo siguen en papel y en el cajón del escritorio, por eso los consensos y los acuerdos se imponen y se dictan, transgrediendo la soberanía legislativa. Necesitamos revitalizar la relación franca y directa con el Ejecutivo", apuntó. Las cifras en materia de seguridad, añadió, no son presumibles, puesto que existen ciudadanos que exigen justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición. De igual manera, lamentó que la Ley de Ingresos en Jalisco contemple aumentos en predial, refrendo y verificación, lo cual –dijo-- afectará a las familias. Por su parte, el perredista Enrique Velázquez propuso cinco ejes fundamentales: la creación de una nueva Constitución con amplia participación ciudadana, no debilitar al Poder Legislativo, y que el Poder Judicial responda a la demanda de los ciudadanos y rinda cuentas. También pidió que Jalisco sea un oasis de la calidad educativa, debido a que se tienen las mejores escuelas y la universidad que, subrayó, deberían contar con mayores recursos para evitar la deserción escolar y que los jóvenes se conviertan en carne de cañón del crimen organizado. Además, consideró que se debe ir a fondo en el tema de la inseguridad en Jalisco, porque ya "no sólo es un asunto de policías y ladrones". La panista Claudia Murguía aplaudió que, tras 11 años de no hacerse, un mandatario acudiera al Congreso local a rendir cuentas ante los representantes ciudadanos. No obstante, criticó que Alfaro tenga un doble discurso al exigir recursos al gobierno federal, pero aquí –recalcó-- se carece de una política de austeridad Sobre el tema de seguridad, precisó que, de acuerdo con la encuesta de seguridad urbana, 84% de la gente se siente insegura, mientras que existen decenas de familias que esperan el regreso de sus desaparecidos. Luego calificó como deficientes el transporte público y el servicio de salud. A la sesión solemne asistieron gobernadores tradicionales (no acudió ninguno de los antecesores de Alfaro), líderes de cúpulas empresariales, rectores de universidades, representantes sindicales, de las fuerzas armadas y de partidos políticos, así como coordinadores generales del gobierno del estado. También estuvieron presentes diputados federales, senadores y presidentes municipales, además de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.